La Presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, ha manifestado su compromiso y el de su coalición, de promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico y ratificar tratados internacionales. Estamos hablando, en este último caso, de la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Chile es un país pluriétnico y multicultural, sostuvo hace poco en Nueva Imperial. Pues bien, si esa declaración de la Jefa de Estado sigue en pie, solo dos votos de la derecha requiere para su cumplimiento (Foto de Beatriz Fabres).
Por Víctor TOLEDO* / Azkintuwe Noticias / Lunes 6 de Febrero de 2006
Por Víctor TOLEDO* / Azkintuwe Noticias / Lunes 6 de Febrero de 2006
GULUMAPU / La Presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, ha manifestado su compromiso y de su coalición, de promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico chileno. Así lo ha comprometido ante los directamente interesados –los pueblos indígenas- y el país. Uno de las prioridades ha sido el viejo y manido tópico del “reconocimiento constitucional”. Al respecto, la Presidenta se ha compro-metido a que en los primeros días de su gobierno convocará a los indígenas a un proceso de participación, para consensuar el texto de reforma constitucional a proponer al Congreso. Y se ha establecido como meta el 24 de junio de 2006 para presentar dicho proyecto.
Es valorable ese timing madrugador, tras 16 años de tardanza y desaciertos. Asimismo, es encomiable el compromiso de construir consensos en un gobierno de ciudadanos. En ese espíritu ciudadano planteamos nuestra opinión sobre la temática. Dos preguntas básicas para empezar: ¿Está bien formulada la agenda de reformas legales en materia indígena? ¿La prioridad es el reconocimiento constitucional? En nuestra opinión, no. Es recomendable revisar primero la composición del Congreso, antes de apostar todas las fichas de los proverbiales primeros 100 días a un improbable y difuso reconocimiento constitucional. No hay condiciones ni votos parlamentarios para aprobar una reforma constitucional que satisfaga los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.
Un error de prioridades en los primeros días de gobierno puede implicar desencuentros y frustraciones en materia de políticas indígenas que enturbien todo el breve periodo presidencial. No hay tiempo ni con-fianzas para malgastar. Y existe una pequeña ventana de oportunidad para los derechos indígenas que no se puede desperdiciar con improvisaciones y voladores de luces. Hoy es posible ratificar, cuanto antes, el Convenio 169. Solo faltan 2 votos en el nuevo senado. Esa es la prioridad. Asimismo, si realmente existiese voluntad del gobierno y su coalición por emplear sus mayorías parlamentarias simples, entonces el tema de dialogo y búsqueda de consensos gobierno –indígenas en marzo abril de 2006, debería ser una completa agenda pro derechos indígenas, de reformas legislativas y políticas sectoriales.
Es clave el llamado de la nueva Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, a utilizar responsablemente las mayorías parlamentarias y definir una agenda legislativa realista para cuatro años. Y realismo y responsabilidad de estado en materia indígena implica consensuar e impulsar reformas sistemáticas en la legislación y políticas sectoriales, que garanticen los derechos, recursos y territorios de los pueblos indígenas en un contexto de TLCs y economía globalizada. El movimiento indígena tiene en sus manos la responsabilidad de dar un salto en las políticas públicas, con un protagonismo ciudadano proactivo.
Dar un golpe de timón y de prioridades, y que las agendas de estado recuperen el tiempo perdido durante más de una década. Pasa por un “cambio de swicht” y un reencuadre de los asuntos indígenas en los nuevos escenarios. Es tiempo de que el Gobierno y el Congreso, la sociedad civil chilena y todos los actores tomen los derechos de los pueblos indígenas en serio. En las siguientes cuatro secciones planteamos algunos criterios y antecedentes, como contribución a un debate de la agenda inmediata de políticas indígenas del nuevo Gobierno, que se define a si mismo como un gobierno de ciudadanos.
1.- No hay condiciones en Chile, ni los votos necesarios, para un reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas satisfactorio. Después de la votación del 10 de enero de 2006, hay que dar vuelta la página. Ocupar los primeros días del gobierno para discutir una reforma imposible es perder el tiempo indígena y malgastar una oportunidad gubernamental.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario