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José Aylwin
Co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Aunque la prensa poco o nada informe de ello, cuatro personas mapuche -Juan Patricio Marileo, Florencio Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso - quienes cumplen en la cárcel de Angol una condena de 10 años y un día por el presunto delito de incendio terrorista, han enterado esta semana 50 días en huelga de hambre
La huelga tiene por objeto llamar la atención sobre su injusta condena, lograr su libertad, así como la de otras personas mapuche que como ellos han sido condenados sobre la base de legislación antiterrorista, ley 18.314, por acciones de protesta social en el marco de los conflictos de tierras en el sur del país. Se trata de una legislación que de acuerdo a lo afirmado por ellos –y corroborado por respetadas instancias nacionales e internacionales- no garantiza el derecho al debido proceso y ha resultado en condenas desproporcionadas, afectando a una decena de líderes mapuche.
Cabe resaltar que en el caso de los presos en huelga de hambre, la evidencia que los inculpó se basó en el testimonio de 10 testigos protegidos quienes, según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses. Es importante señalar que en este proceso – Poluco Pidenco- se inhabilitó por parte de la Corte Suprema a la jueza de Garantía que rechazó la calificación del incendio como un delito terrorista y denegó las peticiones de protección y el anonimato de testigos.
Por las circunstancias reseñadas, los presos en huelga de hambre, así como muchas entidades preocupadas por su situación, se consideran presos políticos mapuche.
Si bien en Chile el que cuatro personas desarrollen una acción de esta naturaleza parece interesar poco a quienes se encuentran en las esferas de decisión –son contados los parlamentarios o líderes de opinión nacional que a la fecha se han manifestado frente a este caso -la huelga ha concitado la preocupación de numerosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
Este último, en carta enviada a la Presidenta Bachelet el 28 de abril pasado, insta al gobierno chileno a “desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación por ellos (los presos mapuche) planteada.”
José Aylwin
Co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Aunque la prensa poco o nada informe de ello, cuatro personas mapuche -Juan Patricio Marileo, Florencio Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Patricia Troncoso - quienes cumplen en la cárcel de Angol una condena de 10 años y un día por el presunto delito de incendio terrorista, han enterado esta semana 50 días en huelga de hambre
La huelga tiene por objeto llamar la atención sobre su injusta condena, lograr su libertad, así como la de otras personas mapuche que como ellos han sido condenados sobre la base de legislación antiterrorista, ley 18.314, por acciones de protesta social en el marco de los conflictos de tierras en el sur del país. Se trata de una legislación que de acuerdo a lo afirmado por ellos –y corroborado por respetadas instancias nacionales e internacionales- no garantiza el derecho al debido proceso y ha resultado en condenas desproporcionadas, afectando a una decena de líderes mapuche.
Cabe resaltar que en el caso de los presos en huelga de hambre, la evidencia que los inculpó se basó en el testimonio de 10 testigos protegidos quienes, según consta en un documento reservado del Ministerio Público que trascendió a la opinión pública, recibieron de la unidad de víctimas y testigos de esa entidad pagos por 20 millones de pesos en un período de cuatro meses. Es importante señalar que en este proceso – Poluco Pidenco- se inhabilitó por parte de la Corte Suprema a la jueza de Garantía que rechazó la calificación del incendio como un delito terrorista y denegó las peticiones de protección y el anonimato de testigos.
Por las circunstancias reseñadas, los presos en huelga de hambre, así como muchas entidades preocupadas por su situación, se consideran presos políticos mapuche.
Si bien en Chile el que cuatro personas desarrollen una acción de esta naturaleza parece interesar poco a quienes se encuentran en las esferas de decisión –son contados los parlamentarios o líderes de opinión nacional que a la fecha se han manifestado frente a este caso -la huelga ha concitado la preocupación de numerosas entidades internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
Este último, en carta enviada a la Presidenta Bachelet el 28 de abril pasado, insta al gobierno chileno a “desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación por ellos (los presos mapuche) planteada.”
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