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miércoles, septiembre 20, 2006

Las declaraciones de la gobernadora de Cautín y la discriminación racial en Chile


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14 de septiembre de 2006
Los medios de comunicación han dado a conocer las desafortunadas declaraciones de la Gobernadora de la Provincia de Cautín, Yolanda Pérez, en relación al mal llamado "conflicto mapuche" (los conflictos suponen siempre dos o más parte, por lo que no corresponde calificarlos en función de una de ellas).
La representante de la Presidenta de la República en esta provincia sostuvo que las comunidades mapuche que "están en conflicto son alrededor de treinta comunidades chicas que son manejadas por estas gente que yo le llamo mercenarios del conflicto".
Agregó que estos "mercenarios" serían "personas que se aprovechan de su pueblo, ya que es gente del mismo pueblo indígena. Como tienen recursos para crear artificialmente este tipo de conflictos, se ve como si fuera algo grave...".
Señaló además que "seguramente en algún país extranjero piensan que aquí andamos con una lanza y con la cara pintada".
Sostuvo, finalmente, que en muchas oportunidades se ha confundido el "conflicto mapuche" con lo delictual. "Cuando atacan o le roban vacunos a René Urban, eso es un delito, es un robo mapuche o no mapuche o una mezcla de ambos". La máxima autoridad provincial puso como ejemplo lo sucedido recientemente en Nueva Imperial, donde resultó muerta una persona a manos de Carabineros: "Prueba de ello es que el hijo de la persona fue llevado a Iquique porque tenía un verdadero currículum y el hermano también. Bueno, eso no justifica que el caballero haya resultado muerto".
Las declaraciones de la Gobernadora evidencian una actitud claramente discriminatoria en contra de los mapuche y de sus dirigentes, la que debe ser condenada en forma pública con la mayor energía.
En ellas se descalifica a sus organizaciones representativas, señalando que éstas no representarían a este pueblo, y en particular a su dirigencia, intentando dar la imagen de que se trata de personas que se mueven por la búsqueda de intereses personales y no por los intereses colectivos de los mapuche. Se insinúa además que su actuar es delictual, contribuyendo con ello a lo que el Relator de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, identificó en su informe de misión a Chile el 2003 como "criminalización" de las demandas sociales de los mapuche.
En sus afirmaciones, la Gobernadora además contribuye a estereotipar negativamente a los integrantes de este pueblo y fomenta la negación de las raíces indígenas existentes en parte importante de la población chilena ("piensan que aquí andamos con una lanza y con la cara pintada").

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