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Abogados del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, se reunieron con el Ministro del Interior, Belisario Velasco.
Durante la reunión los directivos pusieron también antecedente al ministro del robo con fuerza que afectó a la sede del Observatorio.
- José Aylwin, co-director del Observatorio. Foto de Aldea.
SANTIAGO / A primera hora ayer viernes los abogados y co directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin y Nancy Yáñez, se reunieron con el Ministro del Interior, Belisario Velasco, para darle a conocer una serie de hechos de violencia y de abusos protagonizados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros en la Araucanía durante 2006, en masivos operativos o confusos procedimientos en los que han resultado heridos hombres, mujeres, ancianos, y lo que resulta altamente preocupante, cada vez un número mayor de niños y adolescentes, por lo que solicitaron a la autoridad el cese inmediato de este tipo de prácticas policiales que atentan contra los derechos de las personas en un estado democrático.
Durante la reunión los directivos pusieron también antecedente al ministro del robo con fuerza que afectó a la sede del Observatorio en Temuco el pasado 09 de diciembre, desde donde desconocidos sustrajeron solo la información contenidas en los discos duros de todas las computadoras de la organización e información reservada sobre denuncias de comunidades mapuche que se encontraban en distintas carpetas, dejando otros objetos materiales en el lugar incluso de mayor valor.
Estos hechos, que comienzan también a ser recurrentes en la zona y siempre con el hurto únicamente de información, fue calificada como de claro hostigamiento a la labor que estas entidades realizan de promoción de los derechos humanos, y particularmente de los derechos indígenas, personas que de acuerdo a disposiciones de Naciones Unidas (*) y por tanto vinculantes para el Estado chileno, gozan de especial protección en el derecho internacional, como es su derecho a "prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Estos hechos, que comienzan también a ser recurrentes en la zona y siempre con el hurto únicamente de información, fue calificada como de claro hostigamiento a la labor que estas entidades realizan de promoción de los derechos humanos, y particularmente de los derechos indígenas, personas que de acuerdo a disposiciones de Naciones Unidas (*) y por tanto vinculantes para el Estado chileno, gozan de especial protección en el derecho internacional, como es su derecho a "prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales".
El maltrato obra de carabineros
Una minuta que relata de manera breve algunos de los hechos más significativos denunciados por distintas comunidades mapuche durante 2006, y que fue entregada al ministro junto a otros documentos que dan cuenta de la grave situación que viven estas comunidades en la Araucanía, entrega una contundente visión de la crudeza del actuar de carabineros y del uso de armas en los allanamientos y operativos policiales; con consecuencias de muerte en algunos casos, como en el del menor Alex Lemún o del Lonko Juan Collihuin de 72 años, y en otros dejando a múltiples heridos y lesionados. Los abogados del Observatorio recordaron que estos hechos no son nuevos y que por el contrario vienen registrándose desde hace años en la región, los que se han intensificado con la internacionalmente cuestionada "criminalización" de las demandas del pueblos mapuche, como lo constató ya en octubre de 2004 el Informe "Indebido Proceso: Los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuches en el Sur de Chile", una completa investigación en terreno realizada en conjunto por Human Right Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (disponible en www.observatorio.cl ).
En el mismo informe, se da cuenta de un estudio realizado el 2004 por el Servicio de Salud Araucanía Norte, organismo dependiente del estado, el que constató los severos daños sicológicos que provocan estos violentos operativos en los menores, señalando que " desde el comienzo de las continuas visitas y permanente vigilancia de personas relacionadas con el poder judicial (Carabineros, Investigaciones, Fuerzas Especiales, Fiscalía) cambia radicalmente la dinámica del sistema relacional y refieren vivenciar este hecho con mucha angustia y como una situación trágica, incierta y amenazante que los marcará por el resto de sus vidas y que hubiesen deseado evitar vivir ", por lo que los especialistas a cargo del estudio califican en sus conclusiones a estos hechos y los trastornos que generan en los menores como una violación a la dignidad, la igualdad, la autonomía, y el bienestar tanto emocional como físico de los derechos humanos garantizados en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño y a las personas en general.
Robo informáticoHa estos hechos de violencia se suman en el último tiempo y con similares procedimientos, el robo de información a organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos y particularmente de los pueblos indígenas, donde el móvil político y la intencionalidad de los hechores, de entorpecer y acallar el trabajo a estas entidades, resulta evidente, pues solo llevan los discos duros de las computadoras e información de interés, dejando en el lugar otros bienes incluso de mayor valor material. Esto fue lo que ocurrió al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas el pasado 9 de diciembre, luego que la organización denunciara solo dos días antes el baleo por parte de carabineros a un bus en que viajaban miembros de la comunidad mapuche de Temucuicui, dejando a varios de ellos heridos, incluido un menor de tan solo siete años en una de sus manos y una mujer embarazada; y días antes de que algunos de sus profesionales aparecieran en un capítulo del programa Piel de Jaguar, transmitido por Televisión Nacional, denunciando hechos de violencia policial y la criminalización judicial de las demandas territoriales del pueblo mapuche, como lo constató en su visita de misión a Chile el propio Relator Especial de la ONU para los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
Siendo importante destacar que la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de Marzo de 1999 (A/RES/53/144, párr. 9(3)(c)), estableció la especial protección de que gozan en el derecho internacional los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular al derecho a prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales", como señala tras el robo y en declaración pública el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. El Observatorio se querelló en contra de todos los que resulten responsables de este acto delictivo, querella que ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, por lo que durante la reunión se solicitaron a Belisario Velasco que el Estado haga los máximos esfuerzos por esclarecer estos hechos que resultan inaceptables en un estado de derecho y gobierno democrático, entregando al Ministerio Público todos los apoyos que sean necesarios para dar con los responsables y recuperar la valiosa información sustraída. Cabe destacar, finalmente, que este hecho se suma a otro ocurrido hace poco más de un mes y de las mismas características en la sede del Consejo de Todas las Tierras, también ubicada en la ciudad de Temuco. Así como otros acontecimientos que apuntan al mismo propósito, como el sabotaje informático a sitios web, los que fueran denunciados por el periodista Crisitián Opaso en La Nación Domingo / Azkintuwe
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