PREOCUPACIÓN EN COMUNIDAD INTERNACIONAL
Las recomendaciones fueron formuladas después de examinar los respectivos informes periódicos de Chile, en cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Derechos del Niño, respectivamente. Las sesiones se verificaron los días 26 de enero de 2007 y 15 de marzo, a ellas asistieron delegaciones del gobierno chileno.
www.azkintuwe.orgPor Víctor TOLEDO* / Viernes 30 de Marzo de 2007
WALLMAPU / Las nuevas recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, formuladas en el presente año de 2007, revisten especial interés para las organizaciones indígenas y las autoridades estatales que tienen a su cargo la política indígena. En la práctica estas recomendaciones han establecido un piso mínimo a la política indígena del estado de Chile.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos (DCH), y del Comité de Derechos del Niño (CDN)- que vigilan el cumplimiento de los Tratados internacionales de Derechos Humanos, han dado a conocer sus Recomendaciones al Estado de Chile, expresando su especial preocupación y alerta frente a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile.
Las recomendaciones fueron formuladas después de examinar los respectivos informes periódicos de Chile, en cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Derechos del Niño, respectivamente. Las sesiones de verificaron los días 26 de enero de 2007 (CDN) y 15 de marzo de 2007 (CDH), a ellas asistieron delegaciones de MIDEPLAN, SEGPRES y Cancillería.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, CODEPU, y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, y diversas organizaciones indígenas, hicieron llegar a los respectivos Comités de Naciones Unidas documentación e informes respecto a la situación de derechos indígena. Asimismo, consejeros indígenas hicieron llegar al CDH una oportuna réplica al informe del Gobierno para la sesión del 15 de marzo 2007. Estas recomendaciones de los CDH y CDN, se agregan a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos y Sociales (CDESC), de Diciembre de 2004, donde tuvo un destacado rol la presencia mapuche.
Las nuevas recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, formuladas en el presente año de 2007, revisten especial interés para las organizaciones indígenas y las autoridades estatales que tienen a su cargo la política indígena. En la práctica estas recomendaciones han establecido un piso mínimo a la política indígena del estado de Chile. A continuación resumimos las principales recomendaciones de interés para los derechos indígenas.
1.- RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Comité de Derechos Humanos (CDH) hizo recomendaciones expresas al Estado de Chile, y dio un plazo de un año para que el estado informe que ha hecho respecto a:
- Modificar la Ley 18.314, ley antiterrorista, por contener una definición demasiado amplia de tipos penales, lo que ha permitido la aplicación abusiva de dicha ley a actos de protesta social mapuche.
- Tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a abusos policiales contra los grupos vulnerables, y proceder a enjuiciar y sancionar a los funcionarios que comentan actos de malos tratos.
- Agilizar la modificación del Codigo de Justicia Militar. - Modificar el sistema electoral binominal, por no cumplir con los derechos políticos establecidos en el articulo 25 del Pacto.
- Realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto.
- Agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas las tierras ancestrales.
- Modificar la ley 19.253, ajustándola al artículo 27 del Pacto y revisar la legislación sectorial cuyo contenido pueda entrar en contradicción con los derechos enunciados en el Pacto.
- Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto >> Continúa
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