Problemática mapuche: ¿país mapuche?

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Martes 5 de febrero de 2008.

Por Marcelo Contreras Hauser (COLUMNISTA).

La cuestión mapuche es más que el tratamiento epidérmico dado para la opinión pública: no es sólo camiones quemados, atentados en caminos y carreteras con armas de alto calibre, destrozo y quema de casas patronales en distintos predios del sur de Chile.

Nací en Temuco, estudié en una humilde escuela de la localidad de Freire compartiendo desde muy niño hasta hoy con los Canillán, Huenchullán, Quilaqueo, Manquilef y otros tantos apellidos indígenas.

Situándome en los momentos en que la poesía de la Mistral reflejaba con sus profundas letras la triste e injusta realidad de los niños que iban descalzos a la escuela, en inviernos sobre la escarcha como tantos de mis ayer compañeros. Reducciones indígenas, aldeas, caseríos y pequeños poblados de la Novena Región y regiones inmediatamente aledañas, sus gentes han sido para mí constante de vida que aprecio sinceramente.

¡Qué duda cabe, bien sabemos que en la mitad más uno de sus anhelos el mundo mapuche tiene razón! No en todas y cada una de sus aspiraciones por legítimas o consustanciales que estas puedan parecerles, como aquella que pretende un Estado dentro de otro Estado. Un país mapuche.

En las últimas tres décadas variadas son las tesis, memorias de titulación, trabajos de investigación que me han tocado guiar, dirigir, corregir y evaluar a centenares de alumnos de universidades chilenas, tanto en el orden general del reconocimiento sociológico y jurídico de los pueblos indígenas como en el orden particular de índole constitucional. El avance del postrero cuarto de siglo ha sido lento en la materia, pero seguro.

Instancias a las que debe sumarse aquel valioso instrumento que implica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo que entró en vigor el año 1991, singularmente importante porque cambia el concepto tipo de “población” –utilizado por el anterior Convenio Nº 107– por el de “pueblo” en relación a las comunidades indígenas.

Para la correcta interpretación del mismo incluyó una cláusula de salvaguardia respecto al derecho a la autodeterminación de conformidad al Derecho Internacional contemporáneo. Hoy la ratificación a dicho Convenio constituye tendencia generalizada en el mapa latinoamericano, ha sucedido en una docena larga de Constituciones.

Nuestro país es uno de los pocos que no lo ha ratificado, ni introducido cambios constitucionales en la materia. Ahí no más estamos, otra vez en función de la impericia de nuestros legisladores, Poder Ejecutivo y principales autoridades del servicio público vinculadas a la problemática mapuche.

Estos últimos días y semanas la opinión pública nacional conoce a través de imágenes televisivas incluidas el hecho que entre los dirigentes indígenas existen múltiples acuerdos colaborativos y de adoctrinamiento con movimientos e incluso partidos nacionalistas tales como gallegos y catalanes en España y otros de la Bretaña francesa.

Los que habrían contribuido a la creación del partido político Wallmapuwen inscrito en el Servicio Electoral de Temuco hace un par de meses que competirá en las próximas elecciones municipales. La idea del autogobierno ronda entre los mapuches tratando de replicar en Chile las realidades que dieron vida a las Autonomías de la península ibérica, criterio que no compartimos, puesto que las circunstancias sociológicas e histórico-jurídicas son absolutamente distintas, todo ello con la intención de estructurar la fase previa de la plena autonomía, no descartando la creación de un país mapuche.

Tuve la suerte de haber sido alumno en Europa de los principales expertos en materias de Autonomías, me refiero a los catedráticos García de Enterría y Garrido Falla, estoy cierto que ellos compartirían nuestro criterio, lo demás sólo constituye demagogia de los hechos quizás con qué aviesas intenciones, incluyendo tropicales liderazgos latinoamericanos.

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