www.lanacion.cl Lunes 22 de diciembre de 2008
Por Gabriel Angulo / La Nación
Contraloría ordenó detener asignación de subsidios
El viernes se reunió el comité interministerial del tema indígena y se trató el tema, en el contexto del balance anual y elaboración de proyecciones para el 2009. La denuncia la hizo el presidente de la Asociación de Funcionarios, quien acusa uso político de los recursos.
Manuel Namuncura: “Esto es un trampolín político para algunos”
Hilario Huirilef:“La respuesta no la puedo dar yo”
José Santos Millao: “Nos vamos a movilizar y ahí van a ver”
Con la agenda completamente ocupada estuvo este viernes el comisionado presidencial para el tema indígena, Rodrigo Egaña, quien sostuvo diversas reuniones y una sesión de trabajo con el comité interministerial de este sector, en el contexto de finiquitar la evaluación del año y las proyecciones 2009. Gran parte de su tiempo lo dedicó a coordinar la preparación del Estado chileno para la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, que empezará a operar en septiembre próximo. Pero en la agenda hubo también otro tema que preocupa al comisionado: la suspensión y cuestionamiento del XI Concurso para la Adquisición de Tierras Indígenas 2008.
El conflicto tuvo su origen en la elaboración de las bases para el llamado a concurso, que incluyó un polémico artículo 7º que facultaba al Comité de Revisión para asignar y fiscalizar recursos a "casos especiales", supuestamente de acuerdo a la Ley Indígena, modificada en 2003, para establecer esta categoría como una forma de dar salida política a los conflictos por disputa de propiedad más urgentes.
Pero los casos especiales a los que se asignó cerca de tres mil millones de pesos bajo esta figura en este concurso no cumplirían con los requisitos establecidos en la norma legal. Así lo estableció la Contraloría Regional en el dictamen Nº 4.400, del 7 de noviembre pasado, que señala "que tal disposición no resulta ajustada a derecho" y "no sólo constituye una infracción a las normas legales y reglamentarias (...), sino también a la garantía constitucional que asegura a todas las personas la no discriminación arbitraria".
La denuncia la presentó ante el órgano fiscalizador el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, Manuel Namuncura (DC), en representación de uno de sus asociados e integrantes del comité de revisión, Julio Canuimán, quien se habría negado a firmar el acta del 18 de julio de 2008, cuestionando dichas asignaciones.
Namuncura sostiene que los consejeros José Santos Millao (PS) y Luis Huririlef (PPD) actuaron de manera irregular para satisfacer demandas y compromisos políticos adquiridos con algunos comuneros y comunidades de la zona. Pero ambos consejeros niegan los cargos (ver entrevistas en página enfrentada).
Por ahora la Contraloría tiene suspendida la entrega de los subsidios y ordenó un sumario que ya dejó una baja, el fiscal nacional de la Conadi, Arturo Huenchunllán. La Conadi apeló al dictamen. LN.
El conflicto tuvo su origen en la elaboración de las bases para el llamado a concurso, que incluyó un polémico artículo 7º que facultaba al Comité de Revisión para asignar y fiscalizar recursos a "casos especiales", supuestamente de acuerdo a la Ley Indígena, modificada en 2003, para establecer esta categoría como una forma de dar salida política a los conflictos por disputa de propiedad más urgentes.
Pero los casos especiales a los que se asignó cerca de tres mil millones de pesos bajo esta figura en este concurso no cumplirían con los requisitos establecidos en la norma legal. Así lo estableció la Contraloría Regional en el dictamen Nº 4.400, del 7 de noviembre pasado, que señala "que tal disposición no resulta ajustada a derecho" y "no sólo constituye una infracción a las normas legales y reglamentarias (...), sino también a la garantía constitucional que asegura a todas las personas la no discriminación arbitraria".
La denuncia la presentó ante el órgano fiscalizador el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, Manuel Namuncura (DC), en representación de uno de sus asociados e integrantes del comité de revisión, Julio Canuimán, quien se habría negado a firmar el acta del 18 de julio de 2008, cuestionando dichas asignaciones.
Namuncura sostiene que los consejeros José Santos Millao (PS) y Luis Huririlef (PPD) actuaron de manera irregular para satisfacer demandas y compromisos políticos adquiridos con algunos comuneros y comunidades de la zona. Pero ambos consejeros niegan los cargos (ver entrevistas en página enfrentada).
Por ahora la Contraloría tiene suspendida la entrega de los subsidios y ordenó un sumario que ya dejó una baja, el fiscal nacional de la Conadi, Arturo Huenchunllán. La Conadi apeló al dictamen. LN.
PROBLEMAS EN EL SUR
A sólo meses de la fecha en que debiera entrar en vigencia en Chile el Convenio 169 de la OIT, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y les otorga una serie de beneficios ya adquiridos en la legislación internacional, un reciente dictamen de la Contraloría Regional de la Araucanía tiene preocupadas a las autoridades relacionadas con el tema. Después de casi 18 años de tramitación de la ratificación de este convenio en el Congreso Nacional, nadie quiere que una denuncia por uso político de recursos, que involucra casi 3 mil millones de pesos, empañe la celebración tan largamente esperada. El citado dictamen del órgano contralor fue emitido el pasado 7 de noviembre, ordenando a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la realización de un sumario para determinar responsabilidades administrativas, que ya registra una baja, el fiscal nacional de la corporación. El dictamen, que se encuentra apelado, se originó en una denuncia del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, Manuel Namuncura (DC), quien acusa directamente a dos consejeros indígenas, José Santos Millao (PS) e Hilario Huirilef (PPD), de operar en su propio beneficio político.
A este panorama se suman los 60 casos judiciales pendientes relacionados a la demanda por tierras entre la regiones de Biobío y Araucanía, que registran 40 órdenes de detención pendientes y cinco condenados prófugos, en una año en que los hechos de violencia se enseñorearon en la zona.
Convención 169 de la OIT regirá a partir de 2009
Mediante la Ley Nº 19.253 de 1993 se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), definida como órgano rector de la política indígena, reconociéndole a los indígenas derechos sobre sus tierras, lenguas y culturas. Esta ley, sin embargo, no reconoció a los pueblos indígenas como tales, sino solo como “etnias”, ni a sus organizaciones tradicionales. Tampoco les reconoció derechos políticos, como la libre determinación, la autonomía y los sistemas de justicia indígena; ni derechos territoriales, tales como aquellos sobre los recursos naturales.
Por lo mismo, los contenidos de esta ley están muy por debajo de los estándares establecidos en los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de las OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
El mencionado convenio fue ratificado este año por el congreso chileno. La norma entrará en vigencia en septiembre de 2009 y, para ello, el comisionado presidencial para el tema indígena, Rodrigo Egaña, y los secretarios de estado que integran el comité interministerial ad hoc trabajan contra reloj en adecuar al Estado chileno.
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