José Painevilo, con el patrocinio del Observatorio Ciudadano presentó la acción judicial por su hijo de 14 años que el pasado 5 de octubre fue detenido ilegalmente por carabineros en la comunidad José Jineo en la Comuna Padre Las Casas.
Violencia innecesaria causando lesiones leves, tortura, vejación injusta, son parte de las acusaciones contra los funcionarios policiales.
ELIAS PAILLAN - TEMUKO, WALLMAPU - 23 / 10 / 09
ELIAS PAILLAN - TEMUKO, WALLMAPU - 23 / 10 / 09
Con gran presencia policial apostada en los alrededores del Juzgado de Garantía de Temuko e importante cobertura periodística, se presentó ayer jueves por la mañana la querella criminal contra Carabineros por los hechos de violencia innecesaria contra un menor de edad mapuche, perteneciente a la comunidad José Jineo de Padre Las Casas ocurrido el pasado 5 de octubre.
La acción presentada por el padre, José Painevilo, y patrocinada por el abogado Cristóbal Carmona del Observatorio Ciudadano, busca que se logre establecer la responsabilidad de quien resulte responsable en los hechos y se le condene al máximo de sanciones que señala la Ley.
Los hechos
Ese día el menor F.P.M. (14) salió temprano de su casa, ubicada en la comunidad Comunidad José Jineo Ñanco, sector Rofúe, en dirección a la casa del Machi del lugar, Fidel Tranamil, dirigiéndose posteriormente ambos a un pitxantu (humedal) ubicado en el sector limítrofe entre la Comunidad José Jineo Ñanco y el fundo Santa Lucía, a recolectar hierbas medicinales necesarias para realizar un tratamiento de medicina tradicional mapuche.
Repentinamente vieron a funcionarios de Carabineros acercarse efectuando disparos de escopeta, mientras perseguían a un grupo de jóvenes de las comunidades Francisco Millanao, José Jineo Ñanco e Ignacio Filumil, los que al parecer participaban de la ocupación de un predio vecino, el fundo Santa Lucía, al percatarse de la situación intentaron esconderse, sin embargo el menor no logró hacerlo y fue visto por efectivos policiales que tenían distintivos del GOPE, los que procedieron a dispararle balines, que impactaron de frente en su pierna derecha y, luego de darse vuelta, en su espalda y codo derecho.
Dado lo ocurrido, el niño intentó huir del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra los que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de la Comunidad María Catrilao, en el sector denominado Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado. “Ya no podía más, y me escondí dentro del Pitxantu, y un carabineros del GOPE me apuntó con su escopeta y de nuevo me insultó: “¡quédate ahí indio culiao!, ¡quédate ahí o te mato!”. Yo no podía hacer nada y me entregué no más. Me dobló mi brazo me tiró al suelo y me pegó varias patadas, me pegó en la cabeza igual. Había un canal y me metieron dentro del canal y me dijeron “¡ya hueón aquí te vai a mojar todo para que te enfermís!”, puras cuestiones así me decían y me tiraron, me tuvieron harto rato bajo el agua, hasta tragué agua, estaba toda cochina, la cabeza igual todo mojado”, relató el menor.
Tras ello, el menor fue llevado hacia el helicóptero policial que lo perseguía, donde le amarraron las manos, lo golpearon y lo obligaron a subir a la nave. Una vez en vuelo, botado en el piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los efectivos de carabineros amenazaron con lanzarlo a tierra sino daba los nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía. “…me iban preguntando, me iban interrogando, que tenía que dar nombres sino me iban a tirar para abajo. Y yo le decía que: “no, que no le podía dar nada, porque no sabía nada” y más me pegaban…Me dijeron: “indio culiao dime todos los nombres de las personas que andaban ahí, o si no te querís morir, ¡te vamos a tirar para abajo!”, me dijeron”, testimonió el menor.
Llevado a Vilcún
Cuando la nave aterrizó dentro del fundo, al menor le pusieron una capucha y le pasaron piedras. TVN grabó imágenes en ese momento. Fue subido a un carro policial y llevado a la Comisaría de Vilcún donde los carabineros nuevamente le insultaron. Después lo trasladaron a constatar lesiones al hospital del lugar, donde el doctor y la enfermera le trataron mal también y señalaron que sus lesiones eran solamente rasguños, “Está bien no mas que le hagan eso, pa´ que andai lesiando por ahí, él doctor era flaco y alto, medio moreno, el pelo bien cortito, tenía barba pero bien cortita”, recuerda el niño.
Tras ello lo llevaron a la Comisaría de Padre Las Casa, donde señala que lo tuvieron como tres horas, sin que los carabineros le avisaran a su madre Vilma Maldonado que se encontraban ahí, desesperados, incluso el padre José Painevilo, andaba recorriendo comisarías y hospital en Temuco ya que lo enviaban a distintos lados.
Al momento de la entrega, tipo 4 de la tarde, a los padres le pidieron firmar un documento sin fecha en la cual señalaba que el menor era acusado de usurpación de tierras. El padre se negó a firmar por no estar de acuerdo con esa acusación. Posteriormente le quisieron hacer firmar otro documento pero en la contraparte de la hoja se señalaba lo mismo. Cuando el padre se dio cuenta nuevamente se negó, ante lo cual los uniformados se enojaron y le entregaron al menor sin firmar ningún documento. Finalmente los padres llevaron a su hijo al hospital de Maquehue y Temuko donde se confirmó que sus lesiones eran producto de disparos de perdigones.
En diálogo exclusivo en la oficina del prefecto de carabineros de Cautín, Hernando Hevia, este señaló que según “informe de carabineros estos no realizaron disparos”. Y que si se hubiera cometido actos de violencia o amenaza de sus funcionarios “es grave”, opinó. “La familia como todo ciudadano tienen todo el derecho de realizar gestiones judiciales. Confirmó que el mayor que encabezó el operativo era el Comisario Jorge Bravo.
Lo que se solicita a la corte
La acción judicial solicita que se “se tome declaración al suscrito (padre) en calidad de querellante y al menor al que represento sobre los hechos materia de la presente querella, además se dé orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones para que investigue los hechos materia de la presente querella”, comentó Cristóbal Carmona.
Del mismo modo se pide que se oficie al Consultorio Municipal de Vilcún para que informe sobre los hechos materia de la presente querella, se oficie a la Prefectura de Carabineros de Cautín para que informe sobre los hechos materia de la presente querella, se oficie a la Prefectura de Carabineros de Cautín, a fin que remitan al tribunal la nómina de los funcionarios de dicha repartición que se encontraban cumpliendo sus funciones los días de los hechos y de los funcionarios que participaron en el procedimiento en el que se detuvo al menor.
La querella establece que en un primer término, se configura claramente el delito de Detención Ilegal tipificado en el artículo 148 del Código Penal, en los siguientes términos: “Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios”. Cuyo supuesto de hecho se ve cumplido a cabalidad en los hechos relatados ad supra, respecto al actuar de los funcionarios policiales.
Dicha situación también vulnera diversos tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y que conforme al inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile, constituyen una norma de rango constitucional. Es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, que en su artículo 37, letras b) expresa: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Y en la letra c, señala:”Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
Por otra parte la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37, letra a) reconoce que los Estados velaran porque “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad, y en el Pacto de Derechos Civiles y Político este establece en sus artículo 7 y
“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos, y toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Por último, es posible manifestar que el actuar de los funcionarios de Carabineros respecto al menor, constituye también el delito vejación injusta en contra de particular tipificado en el artículo 255 del Código Penal que manifiesta: “El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.
“Es posible identificar dicho ilícito, en el trato racista y vejatorio que tuvieron los funcionarios policiales para con mi hijo, durante todo el tiempo en que lo tuvieron detenido ilegal y arbitrariamente”, culminó José Painevilo padre del menor.
La acción presentada por el padre, José Painevilo, y patrocinada por el abogado Cristóbal Carmona del Observatorio Ciudadano, busca que se logre establecer la responsabilidad de quien resulte responsable en los hechos y se le condene al máximo de sanciones que señala la Ley.
Los hechos
Ese día el menor F.P.M. (14) salió temprano de su casa, ubicada en la comunidad Comunidad José Jineo Ñanco, sector Rofúe, en dirección a la casa del Machi del lugar, Fidel Tranamil, dirigiéndose posteriormente ambos a un pitxantu (humedal) ubicado en el sector limítrofe entre la Comunidad José Jineo Ñanco y el fundo Santa Lucía, a recolectar hierbas medicinales necesarias para realizar un tratamiento de medicina tradicional mapuche.
Repentinamente vieron a funcionarios de Carabineros acercarse efectuando disparos de escopeta, mientras perseguían a un grupo de jóvenes de las comunidades Francisco Millanao, José Jineo Ñanco e Ignacio Filumil, los que al parecer participaban de la ocupación de un predio vecino, el fundo Santa Lucía, al percatarse de la situación intentaron esconderse, sin embargo el menor no logró hacerlo y fue visto por efectivos policiales que tenían distintivos del GOPE, los que procedieron a dispararle balines, que impactaron de frente en su pierna derecha y, luego de darse vuelta, en su espalda y codo derecho.
Dado lo ocurrido, el niño intentó huir del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra los que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de la Comunidad María Catrilao, en el sector denominado Pichiloncoche. Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado. “Ya no podía más, y me escondí dentro del Pitxantu, y un carabineros del GOPE me apuntó con su escopeta y de nuevo me insultó: “¡quédate ahí indio culiao!, ¡quédate ahí o te mato!”. Yo no podía hacer nada y me entregué no más. Me dobló mi brazo me tiró al suelo y me pegó varias patadas, me pegó en la cabeza igual. Había un canal y me metieron dentro del canal y me dijeron “¡ya hueón aquí te vai a mojar todo para que te enfermís!”, puras cuestiones así me decían y me tiraron, me tuvieron harto rato bajo el agua, hasta tragué agua, estaba toda cochina, la cabeza igual todo mojado”, relató el menor.
Tras ello, el menor fue llevado hacia el helicóptero policial que lo perseguía, donde le amarraron las manos, lo golpearon y lo obligaron a subir a la nave. Una vez en vuelo, botado en el piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los efectivos de carabineros amenazaron con lanzarlo a tierra sino daba los nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía. “…me iban preguntando, me iban interrogando, que tenía que dar nombres sino me iban a tirar para abajo. Y yo le decía que: “no, que no le podía dar nada, porque no sabía nada” y más me pegaban…Me dijeron: “indio culiao dime todos los nombres de las personas que andaban ahí, o si no te querís morir, ¡te vamos a tirar para abajo!”, me dijeron”, testimonió el menor.
Llevado a Vilcún
Cuando la nave aterrizó dentro del fundo, al menor le pusieron una capucha y le pasaron piedras. TVN grabó imágenes en ese momento. Fue subido a un carro policial y llevado a la Comisaría de Vilcún donde los carabineros nuevamente le insultaron. Después lo trasladaron a constatar lesiones al hospital del lugar, donde el doctor y la enfermera le trataron mal también y señalaron que sus lesiones eran solamente rasguños, “Está bien no mas que le hagan eso, pa´ que andai lesiando por ahí, él doctor era flaco y alto, medio moreno, el pelo bien cortito, tenía barba pero bien cortita”, recuerda el niño.
Tras ello lo llevaron a la Comisaría de Padre Las Casa, donde señala que lo tuvieron como tres horas, sin que los carabineros le avisaran a su madre Vilma Maldonado que se encontraban ahí, desesperados, incluso el padre José Painevilo, andaba recorriendo comisarías y hospital en Temuco ya que lo enviaban a distintos lados.
Al momento de la entrega, tipo 4 de la tarde, a los padres le pidieron firmar un documento sin fecha en la cual señalaba que el menor era acusado de usurpación de tierras. El padre se negó a firmar por no estar de acuerdo con esa acusación. Posteriormente le quisieron hacer firmar otro documento pero en la contraparte de la hoja se señalaba lo mismo. Cuando el padre se dio cuenta nuevamente se negó, ante lo cual los uniformados se enojaron y le entregaron al menor sin firmar ningún documento. Finalmente los padres llevaron a su hijo al hospital de Maquehue y Temuko donde se confirmó que sus lesiones eran producto de disparos de perdigones.
En diálogo exclusivo en la oficina del prefecto de carabineros de Cautín, Hernando Hevia, este señaló que según “informe de carabineros estos no realizaron disparos”. Y que si se hubiera cometido actos de violencia o amenaza de sus funcionarios “es grave”, opinó. “La familia como todo ciudadano tienen todo el derecho de realizar gestiones judiciales. Confirmó que el mayor que encabezó el operativo era el Comisario Jorge Bravo.
Lo que se solicita a la corte
La acción judicial solicita que se “se tome declaración al suscrito (padre) en calidad de querellante y al menor al que represento sobre los hechos materia de la presente querella, además se dé orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones para que investigue los hechos materia de la presente querella”, comentó Cristóbal Carmona.
Del mismo modo se pide que se oficie al Consultorio Municipal de Vilcún para que informe sobre los hechos materia de la presente querella, se oficie a la Prefectura de Carabineros de Cautín para que informe sobre los hechos materia de la presente querella, se oficie a la Prefectura de Carabineros de Cautín, a fin que remitan al tribunal la nómina de los funcionarios de dicha repartición que se encontraban cumpliendo sus funciones los días de los hechos y de los funcionarios que participaron en el procedimiento en el que se detuvo al menor.
La querella establece que en un primer término, se configura claramente el delito de Detención Ilegal tipificado en el artículo 148 del Código Penal, en los siguientes términos: “Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios”. Cuyo supuesto de hecho se ve cumplido a cabalidad en los hechos relatados ad supra, respecto al actuar de los funcionarios policiales.
Dicha situación también vulnera diversos tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y que conforme al inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile, constituyen una norma de rango constitucional. Es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, que en su artículo 37, letras b) expresa: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Y en la letra c, señala:”Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
Por otra parte la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37, letra a) reconoce que los Estados velaran porque “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad, y en el Pacto de Derechos Civiles y Político este establece en sus artículo 7 y
“nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos, y toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Por último, es posible manifestar que el actuar de los funcionarios de Carabineros respecto al menor, constituye también el delito vejación injusta en contra de particular tipificado en el artículo 255 del Código Penal que manifiesta: “El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.
“Es posible identificar dicho ilícito, en el trato racista y vejatorio que tuvieron los funcionarios policiales para con mi hijo, durante todo el tiempo en que lo tuvieron detenido ilegal y arbitrariamente”, culminó José Painevilo padre del menor.
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