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viernes, diciembre 25, 2009

El error de aplicar la Ley Antiterrorista



En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son ellos los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.
RAÚL SOHR - 17 / 10 / 09


La Ley Antiterrorista, invocada una vez más por el gobierno para combatir la violencia en la Araucanía, fue concebida bajo un régimen dictatorial. Ésta es una ley deliberadamente vaga y confusa. El propósito de esta ambigüedad es permitir la mayor discrecionalidad a quienes la aplican. El calificativo de terrorista se aplica cuando “el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos”. Resulta, entonces, difícil apreciar su diferencia de la delincuencia pura y simple.

En un plano más operativo se señala que constituye un acto terrorista “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño”. Con dicha definición es posible enjuiciar por terrorismo a varios movimientos sociales que se han visto involucrados en enfrentamientos violentos, como por ejemplo los estudiantes encapuchados que lanzan molotov, los trabajadores tercerizados que incendian autobuses, los pescadores artesanales que levantan barricadas y queman bienes públicos.

En todo el mundo hay protestas violentas. Ellas ocurren en forma regular en las grandes cumbres de los mandatarios de los países ricos, en su variedad de encuentros G (G-7, G-8 e incluso G-20). Las imágenes muestran a jóvenes con rostros velados por bufandas, pasamontañas o kefias que lanzan artefactos incendiarios de “cualquier tipo”, que pueden afectar la integridad física de personas o causar daño.

Los hechores que transgreden la ley reciben las sanciones establecidas. Pero no se les aplica la draconiana legislación reservada para el terrorismo, considerado como una de las mayores amenazas contra la sociedad. Sería aberrante aplicar la misma legislación a jóvenes que protestan contra las falencias del sistema y a terroristas suicidas que detonan bombas sin miramientos por cientos de vidas inocentes. Un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aun si emplea métodos violentos, y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.

La mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada. En Australia, Canadá y otros países, diversos gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Ese día también llegará y cuanto antes mejor. Dicho sea de pasada, las autoridades dicen que es una pequeña minoría de mapuches la que se moviliza detrás de los actos violentos. Ello puede ser así en un estricto sentido de militancia. Pero también es claro que muchos mapuches que no participan en acciones políticas consideran a los caídos como mártires de su causa.

En estricto rigor son mapuches los que han muerto acribillados, no carabineros o agricultores. Son ellos los que reciben las palizas, ellos son víctimas de secuestros e intimidaciones que incluso alcanzan a menores. Pero es a ellos a quienes se acusa como únicos responsables del conflicto de la Araucanía.

El Estado chileno tiene una infinita batería de leyes y recursos para mantener el orden. Aplicar la Ley Antiterrorista, que en forma automática triplica las penas, representa un acto discriminatorio que sólo agravará el conflicto. Ante las luchas sociales no es el monto de la represión, sino su eficacia la que marca la diferencia. Un conflicto que se arrastra por siglos no se resolverá en algunos meses o años. El pueblo mapuche no será intimidado por la aplicación de leyes abusivas. Más vale destinar el grueso del esfuerzo a reparar las injusticias. Frente a la violencia sólo cabe aplicar la ley vigente para todos los habitantes de este país.

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