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sábado, abril 17, 2010

Fiscalía chilena pide 103 años de cárcel para dirigente mapuche Héctor Llaitul Carillanca


El fiscal Andrés Cruz decidió llevar a juicio a 19 comuneros mapuches, en su mayoría de la Comunidad Choque. Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel.
En total, la fiscalía acusó de 10 delitos al dirigente, incluidos el de encabezar una asociación ilícita destinada al robo de madera y el incendio de instalaciones de la empresa forestal Mininco.
POR AZKINTUWE - CONCEPCIÓN, WALLMAPU - 07 / 04 / 10

Atentado contra un fiscal, robo con intimidación, homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista son parte de los delitos contenidos en la acusación que el Ministerio Público presentó contra el dirigente mapuche, Héctor Llaitul Carillanca, actualmente en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción. El fiscal Andrés Cruz decidió llevar a juicio a 19 comuneros mapuches de la provincia de Arauco, en su mayoría miembros de la Comunidad Choque, acusados de "asociación ilícita terrorista". Para Llaitul, el investigador está solicitando 103 años de cárcel.

Entre los acusados figuran los comuneros a quienes el Ministerio Público sindica como responsables de un ataque al fiscal Mario Elgueta, mientras realizaba diligencias en el sector de Puerto Choque, comuna de Tirúa, ello el 16 de octubre de 2008. A juicio del fiscal Cruz, Héctor Llaitul habría sido el autor intelectual de dicho ataque, lo cual es negado por su defensa. Cabe recordar que el sector donde se registró la supuesta emboscada se encontraba por entonces fuertemente militarizado, ello debido a las continuas movilizaciones de mapuches que reclamaban derechos sobre el Fundo La Puntilla.

La Defensoría Penal no dudó en calificar como "exagerada" la petición de la fiscalía respecto de Llaitul. Así lo señaló el defensor regional del Bío-Bío, Georgy Shubert, que defiende a 5 de los imputados por el ataque al fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial. Si bien no lleva como Defensoría Penal el caso de Héctor Llaitul, Shubert aseguró que no están de acuerdo con el ejercicio de sumar todos los delitos para sentenciar a una persona. En este caso, subrayó Shubert, la Fiscalía ha recurrido además a la aplicación de la ley Antiterrorista, al uso de los polémicos "testigos protegidos", solicitando asimismo el secreto de la investigación al magistrado, lo que limitaría el proceder de la defensa del dirigente.

Constante asedio policial
Héctor Llaitul, de profesión asistente social y padre de cinco hijos, fue detenido por la Policía de Investigaciones el 15 de julio de 2009, en la casa de su madre, en el sector de Rahue Bajo de Osorno. Llaitul estaba prófugo eludiendo diversas órdenes de detención del Tribunal de Garantía de Cañete y de la Fiscalía Militar de Concepción, que lo sindican como el autor intelectual de la emboscada contra el fiscal Mario Elgueta. Al momento de su detención Llaitul se identificó como dirigente mapuche y denunció ser víctima de una persecución por parte del Ministerio Público en el marco de lo que denominó la "criminalización de la causa mapuche". "¡Esta es la política del Estado que persigue a los mapuches, los reprime, tortura, encarcela y asesina!", señalaría ante los medios de comunicación.

Llaitul se encontraba en libertad desde junio de 2008, cuando fue absuelto de los cargos de incendio, porte de armas y receptación por el Tribunal de Temuko. Había estado un año en prisión preventiva por esa causa, relacionada con un atentado registrado el 26 de diciembre de 2006 en el fundo Las Praderas de Mininco, en la comuna de Cholchol. La defensa del Llaitul fue encabezada entonces por el ex magistrado chileno Juan Guzmán Tapia, quien desde el comienzo del juicio alegó la inocencia de su defendido. Guzmán denunció elocuentemente, en el marco del juicio oral, que se trataba de un montaje contra Llaitul, de una "maquinación de las empresas forestales", logrando su absolución.

Tras su arresto el año pasado, la Coordinadora Arauco-Malleco reivindicó a Llaitul como uno de sus weichafes, señalando que su detención solo respondía "a la política represiva del Estado chileno en contra del Pueblo Nación Mapuche. Así se entiende este montaje... Los verdaderos objetivos de la política represiva del Estado es frenar los procesos de recuperación territorial y política llevada adelante por las comunidades en lucha y por la Coordinadora Arauco-Malleco, pretendiendo así consolidar la arremetida empresarial en las zonas de conflicto, que se expresan en inversiones forestales y mineras en todo nuestro territorio", subrayó la organización.

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