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domingo, septiembre 05, 2010

50 días de lucha silenciada

http://www.azkintuwe.org
3 de septiembre, 2010
El mundo político concertacionista también debe reaccionar, ya que tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta crisis. No se trata de dejar hechos de violencia en la impunidad, pero sí de que estos sean juzgados conforme a las prácticas de una sociedad civilizada: respetando los derechos de los acusados y las normas comunes del debido proceso.
RICARDO BRODSKY - 03 / 09 / 10

Las demandas establecidas en su comunicado original buscan impedir que se aplique la ley antiterrorista en causas mapuche. Se pide que, en cambio, sean conocidas por la justicia ordinaria y no la militar y que se respete el debido proceso; especialmente que se ponga término a lo que denominan montajes político-judiciales y la utilización de testigos sin rostro. Junto a lo anterior, la huelga de hambre busca poner término a lo que consideran condiciones carcelarias degradantes y medidas de presión ilegítimas tanto físicas como psicológicas. Finalmente, piden la “desmilitarización” en las zonas Mapuche en las que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales.

El movimiento se ha desarrollado en medio de un insólito cerco informativo, el que sólo comenzó a romperse –vaya paradoja- gracias al desenlace de las huelgas de hambre en las cárceles cubanas. En efecto, comenzó a ser insostenible para los editorialistas sostener la amplia cobertura al movimiento cubano junto con la clausura del movimiento en Chile. El Gobierno, después de buscar ignorar el problema, presentó un recurso de protección para obligar a los huelguistas a recibir alimentación por vía intravenosa. La Corte de Apelaciones acogió dicho recurso para los mapuche que iniciaron el movimiento.

La huelga de hambre es una medida de presión no violenta que obliga a interrogarse respecto de las causas que la originan. Consiste en un acto desesperado de autoflagelación para llamar la atención de la comunidad con el propósito de reivindicar un derecho o exigir el cambio de unas normas que se consideran injustas o cuya aplicación resulta arbitraria. Tal fue el caso de las muchas huelgas de hambre que protagonizaron chilenos para protestar en tiempos de la dictadura; tal es el caso de los huelguistas cubanos y también es el caso de la huelga de hambre de los presos mapuche. La protesta mapuche es justa porque se les somete a proceso invocando la ley antiterrorista en circunstancias que las acciones por las que se les acusa generalmente corresponden a conflictos entre privados que derivan en hechos de violencia.

Por otra parte, es claro que la ley antiterrorista –dictada en tiempos de Pinochet, lo que implica un yerro de legitimidad- tiene vicios de constitucionalidad que afectan gravemente los derechos de los procesados. En efecto, como sostiene José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch –a quien la prensa chilena le ha otorgado amplia credibilidad en sus declaraciones relativas a la situación en Venezuela y Cuba- “La ley antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas (de los mapuche) y además viola las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluidos los mapuche, al debido proceso”. Pero además de negar derechos procesales básicos, en la práctica, según Vivanco, “cuando los mapuche comparecen ante los tribunales militares, ya sean en calidad de acusados de delitos o víctimas de abuso, se enfrentan a una verdadera denegación de justicia”.

La ley antiterrorista además, en estos casos, se aplica de manera arbitaria y discriminatoria basados no en circunstancias objetivas sino en criterios o prejuicios racistas. Basta leer las permanentes y abundantes declaraciones del fiscal a cargo de la persecución contra los mapuches para darse cuenta que ello es así. Los mapuche son “el enemigo”. Es hora de que sociedad chilena cambie su actitud. Al acercarse a los 50 días de huelga de hambre la situación comienza a tornarse crítica. De hecho, ya hay dos comuneros que presentan graves síntomas de deterioro de su salud. No es razonable que el gobierno se niegue a dialogar con los representantes de los huelguistas para buscar un camino de solución. El mundo político concertacionista también debe reaccionar, ya que tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta crisis. No se trata de dejar hechos de violencia en la impunidad, pero sí de que estos sean juzgados conforme a las prácticas de una sociedad civilizada: respetando los derechos de los acusados y las normas comunes del debido proceso.
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