http://blog.elsur.clAdolfo Millabur Ñ. Alcalde de Tirúa
El 10 de marzo asistí a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para exponer la grave situación que afecta a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile.
Entre las prácticas y actuaciones denunciadas está la manipulación del poder punitivo del Estado y de sus órganos de justicia. Como parte de ello identificamos la persecución judicial desarrollada durante años en contra de líderes mapuche que defienden los derechos de su pueblo violados o amenazados en virtud de proyectos de inversiones forestales, hidroeléctricos, mineros y otros impuestos sin su consentimiento, y sin considerar su participación en los beneficios que estos generan.
Particularmente grave en este sentido es la utilización que se ha hecho por parte del Estado, en más de 20 oportunidades, de la ley antiterrorista para perseguir los hechos de protesta social mapuche.
También se expuso el uso excesivo de la fuerza pública, con frecuentes casos de maltrato físico y trato degradante por parte de los agentes policiales del Estado en contra de los dirigentes mapuche.
En la audiencia se dio cuenta que esta violencia, persistente hasta la fecha, ha generado graves impactos físicos y síquicos en niños mapuche que habitan comunidades en conflicto, según han documentado los propios órganos públicos.
El 10 de marzo asistí a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para exponer la grave situación que afecta a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile.
Entre las prácticas y actuaciones denunciadas está la manipulación del poder punitivo del Estado y de sus órganos de justicia. Como parte de ello identificamos la persecución judicial desarrollada durante años en contra de líderes mapuche que defienden los derechos de su pueblo violados o amenazados en virtud de proyectos de inversiones forestales, hidroeléctricos, mineros y otros impuestos sin su consentimiento, y sin considerar su participación en los beneficios que estos generan.
Particularmente grave en este sentido es la utilización que se ha hecho por parte del Estado, en más de 20 oportunidades, de la ley antiterrorista para perseguir los hechos de protesta social mapuche.
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