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5 de agosto 2016
Por Pedro Cayuqueo - Periodista
Esta semana (5 de agosto) se inició en Temuco
el juicio oral contra el fotógrafo Felipe Durán, acusado de tenencia de armas y
municiones, un nuevo capítulo judicial en el ya latamente descrito y
documentado conflicto sureño.
Durán fue detenido tras un
allanamiento a su vivienda en un sector rural de Padre Las Casas cuando la
policía buscaba al dirigente de Ercilla, Cristian Yebilao, prófugo por otras
causas vinculadas también al conflicto. Ambos fueron detenidos esa mañana y
tras once meses en prisión preventiva fueron finalmente llevados a juicio.
Ambos arriesgan hasta 11 años de cárcel.
Más allá del fondo de la
acusación -corresponde al tribunal dirimir si es culpable o inocente- el caso
de Durán pone en el tapete una vez más lo inconducente y peligroso que resulta
judicializar un conflicto de carácter político. Y como la trama de la
persecución penal se vuelve una telaraña donde -tarde o temprano- cualquiera
resulta atrapado.
Durán -para quienes no lo saben-
es un destacado reportero gráfico, miembro de la Asociación de Reporteros
Independientes, que en los últimos años ha documentado para diversos medios el
conflicto y sus diversas aristas. Su trabajo, me consta, era también valorado
por agencias internacionales que recurrían a él de manera periódica.
Y es que Durán, ante todo, es un
gran fotógrafo, un profesional autodidacta que nunca ocultó su simpatía y
adhesión por los más desfavorecidos de justicia en la zona sur; las comunidades
mapuche. De allí que su lente registrara, casi de manera exclusiva, episodios
de represión y abuso estatal otras tantas veces ignorados o falsamente
desmentidos.
Ello y no otra cosa, denuncian
las comunidades, es lo que terminó con Durán encarcelado en Temuco. Razones
tienen para pensarlo. Y es que Durán no es el primer comunicador social en
terminar tras las rejas por su trabajo en Wallmapu. Misma suerte corrió en 2008
la realizadora audiovisual Elena Varela y parte de su equipo mientras filmaban
el documental “Newen Mapuche”.
Varela fue detenida en marzo de
2008 tras un hollywoodense operativo policial y acusada por el Ministerio
Público de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia, ello en
el marco de una investigación por atracos a una sucursal bancaria y a una
oficina de pago de pensiones de la zona central entre los años 2004 y 2005.
A Varela, tal como acontece hoy
con Durán, se la vinculó además a grupos armados de ultraizquierda en teoría
infiltrados en la causa mapuche. Ni lo uno ni lo otro. Tras año y medio de
investigación donde llegó a estar recluida en la Cárcel de Alta Seguridad de
Santiago, Varela fue absuelta en juicio de todos los cargos. Nunca pudo
recuperar sin embargo su trabajo requisado por la policía.
No, Felipe Durán no es el primer
comunicador en ser encarcelado. Y de insistir el gobierno con la lógica de los
calabozos, sospecho tampoco será el último. Y mientras ello sucede ante
nuestros ojos, las posiciones de uno y otro bando se endurecen, los discursos
se radicalizan y las posibles salidas políticas arden junto a los restos del
último camión o iglesia siniestrada.
Es el ciclo de la violencia que
en el caso mapuche tiene al estado y al Ministerio Público como dos de sus más
fervientes promotores en el sur. Si alguien duda de esto último lea por favor
la denuncia del ex fiscal jefe de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien acusó
presiones de su jefatura para encarcelar a miembros de comunidades mapuches de
Ercilla.
Según Traipe, el entonces Fiscal
Regional (s), Alberto Chiffelle, le exigía “ser particularmente duro con
cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente
Winkul Mapu”, obligándolo de manera recurrente a pedir la prisión preventiva de
todo imputado mapuche “aún sin contar con pruebas suficientes” para ello.
No solo eso. Traipe también
denunció de Chiffelle “permanente discriminación y hostigamiento”, llegando a
advertirle en su minuto que “los pacos lo tenían en la mira” por su condición
de fiscal con ascendencia mapuche. Chiffelle, descendiente de colonos suizos
del cantón de Vaud arribados a la Araucanía tras la ocupación militar, encabeza
hoy el caso Luchsinger Mackay.
Académicos, juristas de renombre,
incluso el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, han advertido
del grave error de criminalizar la protesta mapuche. Y de los vicios que de
ello se derivan.
Hoy nadie en su sano juicio cree
que el Ministerio Público resolverá el conflicto estado-pueblo mapuche. Pero el
gobierno insiste en su porfía; no existe un conflicto de tal envergadura,
declara a los cuatro vientos. Son simples delincuentes, ladrones de madera y
pirómanos anticlericales escudados cobardemente tras la causa indígena.
Lo reafirmó ayer jueves en Arauco
el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ello tras encabezar el
“Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Macro Zona Bío Bío –
Araucanía”, pomposo nombre para designar el coto de caza de campesinos mapuche
asignado a fiscales, detectives y efectivos del Gope tan racistas como
violentos e inescrupulosos.
“Hay delincuentes que usan la
justa causa mapuche para delinquir y eso no es justo ni razonable”, sostuvo
Aleuy, agregando que gracias a una eficiente estrategia policial las tomas de
tierras eran hoy un fenómeno casi inexistente en la zona. “Los delitos han
mutado, ahora queman bosques, maquinarias e iglesias”, debió reconocer sin
embargo ante los periodistas. Flor de consuelo para la ciudadanía.
Desde el retorno de la democracia
al menos quinientos ciudadanos mapuches han sido condenados en causas
relacionadas con el conflicto y la lucha por la tierra. Y el escenario lejos de
mejorar, empeora cada día. Es el nefasto resultado de intentar ahogar con
represión un descontento documentado por especialistas hasta el hartazgo. O de
buscar apagar el fuego con bencina.
En 1992 marchas pacíficas y
ocupaciones simbólicas de tierras caracterizaban el actuar de las comunidades
mapuche. En 1997, con la CAM, hicieron su estreno las ocupaciones productivas,
la autodefensa y los sabotajes forestales. En 2001, tras la primera aplicación
de la Ley Antiterrorista y el posterior desfile de lonkos por tribunales, Chile
supo de prisión política mapuche y huelgas de hambre.
Ante el evidente agravamiento del
conflicto, ¿tomó La Moneda cartas en el asunto? Pudo ser Lagos con la Comisión
de Verdad Histórica y Nuevo Trato. He allí una veintena de atinadas
recomendaciones. Pero el estadista optó por el general Bernales y su estampa de
Búfallo Bill o general Custer sureño. “No se duerman, vamos por ustedes”, una
de sus frases favoritas. En verdad la única que recuerdo.
Se vino entonces la denominada “Operación
Paciencia” que terminó, ya lo sabemos, en un fiasco judicial de proporciones.
Luego los crímenes policiales de Alex Lemún en 2002 y Matías Catrileo en
2008. Y todo, irremediablemente todo,
comenzó a irse al soberano carajo.
Imposible no vincular el crimen
de Matías con otro crimen, igual de miserable, el de la familia Luchsinger
Mackay acontecido en 2013. O el blindaje de los gobiernos a la industria
maderera con la pesadilla posterior de agricultores y parceleros. ¿Acaso
ustedes todavía no hacen la relación?
Hoy al menos tres grupos
reivindican acciones violentas mapuche en zonas de conflicto. Hace poco uno de
ellos, el más antiguo y único que ha explicitado un proyecto político detrás,
la CAM, ofreció “tregua” y “diálogo” al gobierno. La respuesta de Bachelet fue
la mesa de Temuco, instancia plagada de buenas intenciones pero carente del más
mínimo poder de resolución. “Y carente también de futuro”, me advierte uno de
sus miembros.
Mientras se desarrolla el juicio
contra Felipe Durán no viene mal recordar que es la Política y no los
tribunales la llamada a resolver el conflicto. Un “Parlamento” a la usanza
antigua propuso al gobierno el líder de la CAM, Héctor Llaitul. Mismo llamado
hizo el ex intendente Huenchumilla en su fallida propuesta para la Araucanía,
aquella que frente a Burgos le terminó costando el puesto. La respuesta para
ambos fue la misma.
No me cansaré de repetirlo. El
diálogo político, el de verdad, a nivel de estado, de los tres poderes del
estado, es la única salida que garantiza no dinamitemos nuestra convivencia
social. O entendemos esto de una buena vez o que cada quien elija su bando y su
trinchera. Lo que venga después no tendrá tan fácil marcha atrás.
+SOBRE EL AUTOR
Pedro Cayuqueo gustaba escribir diarios de vida cuando niño. “Era una especie de Ana Frank”, confidencia. Fue fundador y director de los periódicos Azkintuwe y MapucheTimes, hoy colabora con La Tercera y diversos medios en el extranjero. En 2011 fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile y en 2013 recibió el Premio al Periodismo Iberoamericano otorgado por el North American Congress on Latin America y la Universidad de Nueva York. Es autor de los libros “Solo por ser indios”, "La voz de los lonkos", "Esa ruca llamada Chile" y "Huenchumilla, historia del hombre de oro". Ex consejero del INDH, actualmente es miembro del directorio de Espacio Público y vicepresidente de la Corporación Mapuche Enama. Conductor del programa #Kulmapu en CNN Chile, es padre de una hija y vive en Temuco.+MÁS DE PEDRO CAYUQUEO
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