Santiago, 30 de noviembre del 2006.
En el día 29 de noviembre del presente, un contingente de fuerzas especiales de carabineros provenientes de la prefectura de Malleco, apoyados por un helicóptero institucional y coordinados por el fiscal Miguel Ángel Velásquez, hizo ingreso y procedió a allanar diferentes viviendas de la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla.
Dicho procedimiento policial se realizó en virtud de una orden de detención emanada desde el tribunal de garantía de Collipulli en contra del comunero y dirigente mapuche Jorge Huenchullan Cayul, quien está siendo investigado por atentado contra la autoridad. Cabe señalar que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la libertad restringida de Huenchullan, reemplazándola por una prisión preventiva de 4 meses, tiempo solicitado por el ministerio público para realizar la investigación de tales hechos.
Vale consignar, que un importante periódico de circulación nacional señaló, tendenciosamente, que el comunero es “buscado por ser uno de los agresores del exdirectror de la CONADI”1, vulnerando el principio de inocencia consagrado en el nuevo código procesal penal, y difamando públicamente a una persona que frente a la justicia aún es inocente.
Según información de los integrantes de la comunidad, el procedimiento policial concluyó con varias viviendas con serios daños en sus puertas y ventanas, además de comuneros heridos e intoxicados por gases lacrimógenos. De especial gravedad es la situación de la comunera Elizabeth Millalen, quién al oponerse al registro y allanamiento de su vivienda sin una orden judicial a su vista, fue golpeada por carabineros resultando con diferentes lesiones en su cuerpo, la señora Millalen es esposa del dirigente Jorge Huenchullan, y presenta un embarazo de tres meses, por lo que lo descrito anteriormente resulta aun más grave. La señora Millalen se encuentra con diferentes contusiones y hematomas en su cuerpo sumado a un cuadro de estrés post traumático producto del allanamiento.
Cabe señalar que el allanamiento antes descrito, es el séptimo en lo que va corrido del año y se produce casi un mes después de que dirigentes de la comunidad denunciaran haber sido baleados por personal de la policía civil, en donde resultó un comunero herido en su pierna.
Diferentes acciones judiciales emprendidas por la comunidad para poner coto a la actual situación de hostigamiento policial y judicial han sido desestimadas por los tribunales. En dos oportunidades dirigentes de la comunidad de Temucuicui han acudido hasta el Palacio de la Moneda para solicitar una entrevista con el Ministro del Interior y denunciar lo que consideran como persecución política. Sin embargo, hasta el día de hoy no han tenido respuesta alguna de las autoridades.
Diversos informes de derechos humanos de prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la situación de indefensión y violencia policial a que están expuestos comuneros mapuche que viven en la Araucania. De hecho, ya en el año 2004, en un informe de Human Rigth Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas recomendaba al gobierno de Chile que “Curse instrucciones estrictas a Carabineros para que traten a los miembros de estas comunidades con respeto y sancionen severamente el uso injustificado de la fuerza o cualquier abuso verbal o comentario racista por parte de agentes de policía. Realice una revisión de los procedimientos operativos y las reglas de intervención de la policía durante operaciones en áreas conflictivas, especialmente con respecto al uso de la fuerza letal. Estos procedimientos deben basarse en las normas internacionales relevantes, tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.”2
Consideramos estos hechos de la mayor gravedad. Resulta inconcebible en un estado de derecho que comunidades como la de Temucuicui sea objeto constante de los abusos policiales antes descritos que ponen en peligro la vida y la integridad física y psíquica de quienes la integran.
Resulta de extrema gravedad que un gobierno que dice respetar los derechos humanos y a los pueblos indígenas, muestre tanta insensibilidad frente a las múltiples denuncias que se le han hecho sobre esta situación.
Solicitamos a las autoridades revisar los procedimientos policiales e investigar los excesos como los denunciados en párrafos anteriores. Así mismo instamos al gobierno de Chile a que considere las recomendaciones realizadas por el relator Stavenhagen en el año 2003, quien a propósito de su misión a Chile, recomendaba al gobierno que “Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas” (informe misión a Chile, 2003).
De no hacerlo, las autoridades estarían avalando un comportamiento que resulta no sólo violatorio de los derechos fundamentales, sino que contradictorio con su propio discurso. Si las autoridades no investigan y sancionan estos hechos están contribuyendo a generar un clima de violencia en los territorios indígenas del país.
Suscriben el Comunicado:
Kleber Masaquiza, representante del Pueblo Salasaka-mitimae.
Morita Carrasco, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Richard Hernández, Consejo Nacional Aimara
Liliana Tojo, CEJIL. Bolivia.
Oscar Ayala y Julia Ceballo; Tierra Viva. Colombia
Manuel Santander, Consejo de Todas las Tierras,
Jose Aylwin, Nancy Yañez, Matiaz Meza-Lopehendia, Eduardo Mella; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Martin Correa, Historiador.
En el día 29 de noviembre del presente, un contingente de fuerzas especiales de carabineros provenientes de la prefectura de Malleco, apoyados por un helicóptero institucional y coordinados por el fiscal Miguel Ángel Velásquez, hizo ingreso y procedió a allanar diferentes viviendas de la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla.
Dicho procedimiento policial se realizó en virtud de una orden de detención emanada desde el tribunal de garantía de Collipulli en contra del comunero y dirigente mapuche Jorge Huenchullan Cayul, quien está siendo investigado por atentado contra la autoridad. Cabe señalar que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la libertad restringida de Huenchullan, reemplazándola por una prisión preventiva de 4 meses, tiempo solicitado por el ministerio público para realizar la investigación de tales hechos.
Vale consignar, que un importante periódico de circulación nacional señaló, tendenciosamente, que el comunero es “buscado por ser uno de los agresores del exdirectror de la CONADI”1, vulnerando el principio de inocencia consagrado en el nuevo código procesal penal, y difamando públicamente a una persona que frente a la justicia aún es inocente.
Según información de los integrantes de la comunidad, el procedimiento policial concluyó con varias viviendas con serios daños en sus puertas y ventanas, además de comuneros heridos e intoxicados por gases lacrimógenos. De especial gravedad es la situación de la comunera Elizabeth Millalen, quién al oponerse al registro y allanamiento de su vivienda sin una orden judicial a su vista, fue golpeada por carabineros resultando con diferentes lesiones en su cuerpo, la señora Millalen es esposa del dirigente Jorge Huenchullan, y presenta un embarazo de tres meses, por lo que lo descrito anteriormente resulta aun más grave. La señora Millalen se encuentra con diferentes contusiones y hematomas en su cuerpo sumado a un cuadro de estrés post traumático producto del allanamiento.
Cabe señalar que el allanamiento antes descrito, es el séptimo en lo que va corrido del año y se produce casi un mes después de que dirigentes de la comunidad denunciaran haber sido baleados por personal de la policía civil, en donde resultó un comunero herido en su pierna.
Diferentes acciones judiciales emprendidas por la comunidad para poner coto a la actual situación de hostigamiento policial y judicial han sido desestimadas por los tribunales. En dos oportunidades dirigentes de la comunidad de Temucuicui han acudido hasta el Palacio de la Moneda para solicitar una entrevista con el Ministro del Interior y denunciar lo que consideran como persecución política. Sin embargo, hasta el día de hoy no han tenido respuesta alguna de las autoridades.
Diversos informes de derechos humanos de prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la situación de indefensión y violencia policial a que están expuestos comuneros mapuche que viven en la Araucania. De hecho, ya en el año 2004, en un informe de Human Rigth Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas recomendaba al gobierno de Chile que “Curse instrucciones estrictas a Carabineros para que traten a los miembros de estas comunidades con respeto y sancionen severamente el uso injustificado de la fuerza o cualquier abuso verbal o comentario racista por parte de agentes de policía. Realice una revisión de los procedimientos operativos y las reglas de intervención de la policía durante operaciones en áreas conflictivas, especialmente con respecto al uso de la fuerza letal. Estos procedimientos deben basarse en las normas internacionales relevantes, tales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.”2
Consideramos estos hechos de la mayor gravedad. Resulta inconcebible en un estado de derecho que comunidades como la de Temucuicui sea objeto constante de los abusos policiales antes descritos que ponen en peligro la vida y la integridad física y psíquica de quienes la integran.
Resulta de extrema gravedad que un gobierno que dice respetar los derechos humanos y a los pueblos indígenas, muestre tanta insensibilidad frente a las múltiples denuncias que se le han hecho sobre esta situación.
Solicitamos a las autoridades revisar los procedimientos policiales e investigar los excesos como los denunciados en párrafos anteriores. Así mismo instamos al gobierno de Chile a que considere las recomendaciones realizadas por el relator Stavenhagen en el año 2003, quien a propósito de su misión a Chile, recomendaba al gobierno que “Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas” (informe misión a Chile, 2003).
De no hacerlo, las autoridades estarían avalando un comportamiento que resulta no sólo violatorio de los derechos fundamentales, sino que contradictorio con su propio discurso. Si las autoridades no investigan y sancionan estos hechos están contribuyendo a generar un clima de violencia en los territorios indígenas del país.
Suscriben el Comunicado:
Kleber Masaquiza, representante del Pueblo Salasaka-mitimae.
Morita Carrasco, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Richard Hernández, Consejo Nacional Aimara
Liliana Tojo, CEJIL. Bolivia.
Oscar Ayala y Julia Ceballo; Tierra Viva. Colombia
Manuel Santander, Consejo de Todas las Tierras,
Jose Aylwin, Nancy Yañez, Matiaz Meza-Lopehendia, Eduardo Mella; Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Martin Correa, Historiador.
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