¿Justicia clasista y racista?

Por Nelson Soto Schwerter. (COLUMNISTA).

Martes 27 de marzo de 2007.

www.diarioladisusion.cl

Últimamente se han escuchado críticas al nuevo sistema de persecución criminal como “clasista” y “racista” en la idea de que la justicia sigue estando al servicio de las clases dominantes en desmedro de los pobres y, muy especialmente, de los pueblos originarios. Se trata de una visión sobreideologizada que parte del concepto de que al estar viviendo en una sociedad de clases, con predominio de los poderosos por sobre la mayoría de la población, todos los participantes del sistema están necesariamente condicionados para servir los intereses de los primeros. Esa crítica ideológica degrada a las personas a la condición de estereotipos, y olvida su condición de individuos provenientes de distintos grupos sociales y dotados de libre albedrío, que han accedido a los cargos de fiscales, defensores o jueces por su vocación y capacidades objetivas. Y al conocer sus apellidos, vemos que hay árabes, judíos, croatas, alemanes, italianos, ingleses, españoles, mapuches, franceses, etc. que dan cuenta de la condición multirracial de la sociedad chilena. Curiosamente, lo primero que recordamos es la crítica de una distinguida diputada que habla de montaje por la acusación que afecta a sus hijos en un caso de drogas. En este hecho, de resultar cierta la acusación, se trataría de un clasismo al revés. La crítica ideologizada a la justicia adquiere mayor fuerza frente a hechos protagonizados por mapuches que han asaltado y quemado propiedades y, especialmente, frente a las detenciones, juicios y condenas que afectan a dirigentes de la llamada Coordinadora Arauco Malleco. La demanda de justicia de los mapuches, entendida como la recuperación de sus tierras ancestrales, sin duda despierta simpatías en la opinión pública. La usurpación de tierras de los mapuches fue una práctica corriente durante un siglo y nadie puede criticar que los usurpados pretendan recuperarlas. De hecho, el estado de Chile inició en 1990 un amplio programa de recuperación y entrega de tierras a sus legítimos dueños, los mapuches. Son cientos de comunidades las que se han visto beneficiadas. Y esas comunidades, la gran mayoría, no reconocen el liderazgo de la coordinadora Arauco Malleco y han trabajado por años con los sucesivos gobiernos y los organismos estatales encargados de apoyarlos en su condición de pequeños y medianos propietarios agrícolas. Sin embargo, el asalto y quema de casas particulares, galpones, plantaciones y vehículos siguen siendo delitos castigados por el Código Penal y nadie puede pretender que para un grupo pequeño de personas esos hechos sean despenalizados; es decir, que queden impunes. Una causa justa debe ser conseguida por métodos justos. Si ellos son insuficientes, corresponde al estado - gobierno y parlamento - mejorarlos. Los derechos de unos no pueden ser impuestos a costa de la violación de los derechos de otros. No debemos olvidar que las tierras usurpadas, en la gran mayoría de los casos, fueron vendidas a otros; y éstos a otros y a otros. Y si a futuro la sociedad chilena, consciente de la justicia de la causa mapuche, decide liberar a quienes cumplen penas de presidio, corresponderá a los poderes del estado dictar los decretos de indulto o leyes de amnistía que crean necesarios. En el intertanto, los fiscales y jueces tienen la obligación legal de seguir cumpliendo con su deber y castigar a quienes disparan contra otras personas y queman sus bienes. Esa actitud no puede ser considerada racismo ni clasismo. En el tema del clasismo, si damos una mirada desapasionada a las actuaciones de los fiscales del ministerio público, podremos observar su absoluta falta de prejuicios a la hora de investigar y llevar a juicio a quienes delinquen, sin considerar su raza, clase social o situación económica. Hoy podemos ver cómo encumbrados personajes desfilan por los tribunales. Baste recordar, una vez más, el caso que afectó a un popular senador. Hoy, a varios diputados por su presunta participación en fraudes en los planes de empleo; a alcaldes y concejales condenados por delitos económicos o conducir en estado de ebriedad, y a personajes de ilustres apellidos que deben dar cuenta de delitos varios, incluso aberrantes. Veamos: un señor de apellido Tocornal debe responder por acusaciones de violación a sus propios hijos; otros, en el caso Publicam, están siendo acusados de delitos económicos que implican grandes cantidades de dinero robado al fisco. En este caso, empresarios aparentemente intachables, eran asiduos compradores de facturas falsas. Policías (muy pocos, felizmente) se han visto involucrados con bandas de ladrones y de traficantes de drogas y están pagando por ello. En síntesis, fiscales que han perseguido a quienes cometieron delitos contra humildes pobladores, utilizan el mismo celo para que se castigue al más ilustre ciudadano.

LEER MÁS EN: http://www.diarioladiscusion.cl/?control=porsec&id_diario=27032007&id_categoria=03&fecha=27-03-2007
El email actual de Kalbun Comunicaciones es kalbun1@hotmail.com