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domingo, febrero 07, 2010

Jorge Huenchullan: "Hay una persecución abierta detrás de la detención del fotógrafo italiano"


Como una persecución abierta contra la Comunidad Autónoma de Temucuicui calificó el dirigente mapuche, Jorge Huenchullan, la detención del fotógrafo italiano Massimo Falqui Massidda, radicado hace tres meses en dicha comunidad de Ercilla.
La detención se produjo el miércoles recién pasado, cuando fue interceptado por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros en la vía pública.
http://www.azkintuwe.org/
JOSÉ LUÍS VARGAS / PAULINA ACEVEDO - TEMUKO, WALLMAPU - 05 / 02 / 10

La detención del fotógrafo italiano, Massimo Falqui Massidda, se produjo el miércoles recién pasado en la comuna de Ercilla, cuando a eso de las 19:00 hrs, fue interceptado por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros en la vía pública. “Ayer a eso de las siete de la tarde, mientras andaba en bicicleta por Ercilla, cuando me detiene la camioneta de carabineros y bajaron unos policías, allí me preguntaban por mi pasaporte y que era lo que estaba haciendo en Chile”, relató Massimo Falqui en conversación con el Observatorio Ciudadano.

Falqui está radicado hace tres meses en la región y trabaja para la Asociación internacional de Derechos Humanos con status consultivo en las Naciones Unidas y en el consejo Europeo, y en ese marco se encuentra en el país para realizar una muestra fotográfica sobre la realidad del Pueblo Mapuche.

El ciudadano italiano dio a conocer que luego de ser detenido en las calles de Ercilla, fue trasladado por carabineros hasta la tenencia de Ercilla, donde los efectivos policiales continuaron con el interrogatorio sobre sus vínculos con la familia Huenchullan y el porque de su permanencia en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Sin embargo “cuando les pregunté por qué estaban haciendo eso, me dijeron que era un control normal que hacen a toda la gente que pasa por la vía pública”, indicó el fotógrafo italiano.

Por otra parte, Jorge Huenchullan, werken de la Comunidad Autónoma, denunció que durante la detención del ciudadano italiano, carabineros trató en todo momento de relacionarlo con algún tipo de hecho delictivo. Huenchullan además dio a conocer que hace tres meses Massimo Falqui está residiendo en la comunidad. “Hace tres meses esta viviendo con nuestra familia, la policía ya lo conoce y saben que vive acá hace tiempo”, sostuvo.

Persecución y hostigamiento
El dirigente de Temucuicui, señaló que la detención del fotógrafo italiano obedece a una clara persecución y hostigamiento hacía la Comunidad Autónoma y sus familias. “Claramente aquí hay una persecución abierta que se refleja a través de su detención. No puede ser que nuestra familia y las personas que se relacionan con ella estén condicionada a estar dando explicaciones a cada momento a las policías”, denunció. “Carabineros estaba buscando algún indicio para justificar delitos y claramente procesarlo”, subrayó el dirigente.

“Para nosotros es grave y atenta contra todas las libertades. Su detención es por vivir y compartir con una familia mapuche, si él como italiano no estuviese viviendo acá jamás lo habrían detenido ni interrogado”, manifestó Huenchullan, agregando que “es grave la impresión que ha sufrido, porque nunca en su país ni en ningún otro lugar había sufrido una detención de esas características”, explicó.

Argumentó Huenchullan que a las personas que se han interiorizado sobre la violencia que se ejerce sobre las comunidades mapuches y sus familias, cuando realizan un trabajo de documentación para denunciar a nivel internacional esta realidad, también se les está persiguiendo. Massimo Falqui afirmó que es fotógrafo y está “trabajando para desarrollar un documental y una exposición. Esto es un hostigamiento contra la libertad de expresión, no tienen por qué pararme en Ercilla para hacerme preguntas de ese tipo si estoy haciendo mi trabajo de periodista aquí”, manifestó

Agregó que hay una férreo control con respecto al ingreso de personas extranjeras a la región, con el fin de que no se sepa a nivel internacional cual es la realidad que vive el pueblo mapuche en Chile. “Hay un control de parte del estado y los carabineros, ellos no quieren que que vengan personas extranjeras para documentar y comprender esta realidad; porque después que al salir del país van a decir que es lo que está pasando aquí. Claramente es un acto antidemocrático, no estoy haciendo nada malo, solamente vine a hacer mi trabajo”, finalizó.

Otros casos similares
Este no es el primer caso de extranjeros que son detenidos por las policías en el marco de trabajos de documentación sobre la realidad mapuche. Durante el 2008, otros dos casos tuvieron amplia cobertura por los medios de comunicación, siendo deportados los afectados.

El primero de ellos ocurrió en el mes de marzo, cuando los ciudadanos franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Collipulli y luego a dependencia de la Policía de Investigaciones, tras acompañar a un dirigente de la comunidad Autónoma de Temucuicui -haciendo registro audiovisual- a su firma mensual, establecida como medida cautelar en el marco de una causa abierta en su contra, de la que posteriormente fue declarado absuelto. Los jóvenes, iban a ser deportados, pero la mediación de la embajada francesa y el hecho de que tenían pasaje de regreso a su país días más tarde, evitó la abusiva medida.

El otro caso, se produjo en mayo de ese mismo año, y afectó a los ciudadanos italianos Dario Ioseffi y Gabriele Giuseppe, quienes registraban una ocupación pacífica de un predio de Forestal Mininco reivindicado hace 17 años por comunidades mapuche de Galvarino. Los documentalistas se encontraban en ese momento realizando una entrevista al lonko de la comunidad y aunque presentaron un recurso ante los tribunales de justicia para apelar a la medida de expulsión, fueron igualmente deportado. Sus materiales, en tanto, no les fueron restituidos.

En ambos casos, la legislación invocada para expulsar a estos profesionales fue el artículo 26, Título I (Del ingreso al país, y De las Prohibiciones e Impedimentos de Ingreso), de las Normas de Extranjería, dictadas mediante Decreto Supremo N° 597 por Pinochet, el de junio de 1984. El referido artículo, utilizado en su momento para impedir el arribo de observadores internacionales a constatar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, señala textualmente:

26°.- Se prohíbe el ingreso al país a los siguientes extranjeros:

1. Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno; los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado.


Recomendaciones no atendidas
Lo irregular y violatorio de derechos humanos de estas situaciones, le fueron representadas al gobierno de Bachelet en mayo pasado, durante el primer Examen Periódico Universal al que fue sometido el Estado chileno en Ginebra por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el que integra en calidad de vicepresidente.

En dicho examen, donde los estados informan sobre la situación general de los derechos humanos, en atención a los tratados internacionales de Naciones Unidas ratificados y vigentes en el respectivo país, se hicieron más de 70 recomendaciones al Estado chileno, cuatro de las cuales decidió postergar. Entre ellas, la que le pedía “Investigar exhaustivamente los presuntos casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que tratan los problemas de los mapuches”.

Durante el mes de septiembre, Chile entregó información adicional tras las recomendaciones recibidas, donde nada señala al respecto. Mientras que en la audiencia especial realizada para dicho efecto, el embajador Portales, representante permanente ante el organismo, simplemente señaló que “la libertad de expresión está garantizada en la constitución chilena, por lo que los periodistas y documentalistas gozan de todas las garantías y libertades para realizar su trabajo”.

Ante esta evasiva respuesta, en su informe final el Consejo de DD-HH califica como una “posición no clara” la del Estado chileno sobre este punto. Así la sostenido frente a aquella recomendación que le pedía “Revisar la ley antiterrorista y su aplicación de modo que no pueda hacerse de ella un uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”, que el gobierno también había postergado en el mes de mayo, tras ser sometido a este importante examen al grado de cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los que Chile se ha comprometido.

A la luz de esta nueva detención, el gobierno no solo continúa evadiendo su responsabilidad, sino que viola abiertamente derechos fundamentales a los que está obligado y que de acuerdo a la Constitución constituyen el límite a toda actuación del Estado.

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