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Alberto Huenchumilla Marilao, estudiante de Ingenieria Comercial de la Universidad de La Frontera y miembro del Hogar Mapuche Las Encinas, se encuentra recluido en la Cárcel de Temuco acusado por "tenencia y porte de bomba incendiaria" por parte del Ministerio Público. Huenchumilla es el primer imputado en la región por este delito tras la puesta en marcha de la nueva Ley de Control de Armas. En Temuco diversas agrupaciones universitarias exigen su liberación y el fin de la persecución contra los jóvenes mapuches (Foto de Archivo)
Por Pedro CAYUQUEO /
Azkintuwe Noticias / Jueves 17 de noviembre de 2005
GULUMAPU / Diversas muestras de solidaridad ha recibido en los últimos días Alberto Carlos Huenchumilla Marilao, joven universitario mapuche quien el pasado 13 de noviembre fue formalizado por el delito de "tenencia y porte de bomba incendiaria" tras ser detenido por Carabineros al interior del Campus Andrés Bello de la Universidad de La Frontera (UFRO), en el marco de manifestaciones estudiantiles por un nuevo aniversario de la muerte del joven mapuche Alex Lemún Saavedra, ocurrida en noviembre del año 2002 tras ser baleado por el oficial de Carabineros Marco Aurelio Treuer.
Huenchumilla Marilao, quien es miembro del Hogar Universitario de Calle Las Encinas, se encuentra recluido desde hace una semana en la cárcel pública de Temuco, junto a delincuentes comunes y reos de alta peligrosidad, arriesgando una pena que va de los 3 años y un día y los 10 años de cárcel, "indebidamente imputado por cargos de nueva ley de control de armas del Estado de Chile, sin existir ningún medio de prueba que asegure su participación real en tales hechos", según denunciaron en Temuco sus compañeros del Hogar estudiantil a través de un comunicado público.
Alberto Huenchumilla Marilao de 21 años es un estudiante de ingeniería de la Universidad de la Frontera y fue detenido el 10 de noviembre al interior del principal Campus de la UFRO por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes inculparon al joven de haberlo sorprendido -en el marco de las protestas por el tercer aniversario de la muerte del joven mapuche Alex Lemún- manipulando una botella de vidrio con combustible, la que luego habría procedido a lanzar contra el carro policial que conducían, según consignó el informe entregado por los uniformados a la Fiscalía del Ministerio Público de la Araucanía.
Sin embargo, estos hechos son desmentidos por el acusado y su abogado defensor Sergio Gómez, ya que el informe policial no consignó la violenta entrada de los efectivos de Fuerzas Especiales al Campus Andrés Bello de dicha casa de estudios superiores, en donde procedieron a detener a tres estudiantes al azar, uno de ellos el propio Huenchumilla. Lo anterior quedó demostrado en la arbitraria detención de un menor de edad y de la estudiante de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Lilian Bravo, ambos posteriormente liberados por la justicia al no demostrarse su vinculación con los incidentes de aquel día.
Exigencia de justicia
"Hacemos patente la difícil situación en que se encuentra nuestro peñi (hermano), arriesgando de manera injustificada una pena de 3 a 10 años de presidio, siendo este un estudiante de conducta ejemplar que ha demostrado en el tiempo, su solidaridad y alto grado de compromiso con su pueblo, familia y estudios, cosas que hoy le son arrebatadas dejándolo en la más absoluta indefensión en una penitenciaria, pasando de esta forma a engrosar la larga lista de presos políticos de nuestro pueblo", señalaron los residentes del Hogar Las Encinas.
Los universitarios, protagonistas durante los meses de agosto y septiembre pasado de una serie de jornadas de protesta y movilización estudiantil por mejoras en su albergue de calle Las Encinas, lamentaron y condenaron además "de manera absoluta" los desmanes provocados al interior de la Universidad de La Frontera el día del aniversario de la muerte de Alex Lemún, desmintiendo categóricamente su participación como hogar estudiantil en aquellos incidentes, esta última una de las razones esgrimidas por el Ministerio Público para solicitar el pasado 13 de noviembre el encarcelamiento de Huenchumilla.
Por su parte, estudiantes universitarios mapuches de la Universidad Católica de Temuco (UCT) también rechazaron el actuar de la justicia regional, responsabilizando a las autoridades de gobierno de la constante persecución que afecta al sector estudiantil mapuche. "Denunciamos la constante persecución del estado chileno contra nosotros, intentando callar nuestra voz que pide que por una vez por todas se haga justicia en este país", señalaron a través de una declaración.
"Creemos que la justicia y el estado chileno es incompetente en hacer justicia por la muerte de nuestro hermano Alex Lemun Saavedra, muerto por manos del mayor de carabineros Marcos Treuer, hasta el día de hoy este goza impunidad. Por ello exigimos que encarcele y se le declare como asesino al carabinero Marco Aurelio Treuer y se libere a nuestro hermano Alberto Huenchumilla Marilao... Los jóvenes mapuche declaramos que no permitiremos que el estado nos encarcele", señaló la agrupación estudiantil mapuche de la UCT.
En la misma linea, la Asociación de Estudiantes y Profesionales Mapuche de Temuco manifestó su repudio al "improcedente" actuar de la justicia, "que tiene recluido a este estudiante como si fuera un delincuente común a espera de una condena que va desde los 3 años y 1 día hasta los 10 años de presidio, sin tener ningún antecedente de peso que lo vincule con los hechos que se le imputan. Al contrario, es de público conocimiento el ejemplar comportamiento del peñi en todas las áreas de su quehacer", indicó.
"Este accionar por parte del Estado Chileno obedece íntegramente a una estrategia de persecución política, en todos los ámbitos del acontecer Mapuche, ya que frustra a un joven estudiante en su lucha por ser un profesional, le priva de su libertad y coarta su futuro como parte de un pueblo que durante siglos ha sido atropellado y aun continúa siéndolo, mal utilizando hoy para esto las políticas estatales... Con estas acciones el Estado nos niega lo fundamental y mínimo, la libertad de todo pueblo de expresar sus ideas", señala la Asociación.
"Es por este motivo que exigimos la inmediata libertad de nuestro peñi que hoy sufre como muchos de nuestros hermanos el rigor de la persecución y la represión es así que nosotros levantamos nuestra voz por que nos sentimos representados, y con la dignidad que nos otorgan nuestras conciencias demandamos el fin del proceso, la inmediata libertad, y el termino de la estigmatización y hostigamiento a los estudiantes y profesionales mapuche", finalizan.
Alberto Huenchumilla es el primer imputado en la región por el delito de "tenencia y porte de bomba incendiaria" tras la puesta en marcha de la nueva Ley de Control de Armas. La jueza del Juzgado de Garantía de Temuco estableció un plazo de 4 meses para investigación, tiempo durante el cual el joven deberá permanecer recluido en la cárcel de Temuco. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado que el Tribunal de Garantía se declarara incompetente respecto a conocer de delitos que corresponderían ver a la justicia militar, petición que fue rechazada por la Magistrado Geogina Gutiérrez.
Pero la persecución contra los universitarios mapuche, denunciada por sus organizaciones, no se restringue al encarcelamiento de Alberto Huenchumilla. A comienzos de semana, otros seis universitarios detenidos en septiembre por la toma de las dependencias del Programa Orígenes, fueron finalmente condenados al pago de una multa de Unidad Tributaria Mensual (UTM), 31 mil 414 pesos. En un juicio simplificado, la jueza de garantía de Temuco, Georgina Gutiérrez, condenó por el delito de "ocupación de oficina pública" a José Miguel Curaqueo, Alex Huenchuñir, Gabriel Huinca, Víctor Catrio, Yessenia Huenuque y Genoveva Reuca.
Otros 26 universitarios mapuches detenidos el pasado 8 de septiembre tras un violento allanamiento policial que afectó las dependencias del propio Hogar Las Encinas, se encuentran hasta el día de hoy bajo un régimen de "libertad vigilada", es decir, sujetos a medidas cautelares consistentes en arraigo nacional y firma mensual ante tribunales. Todos ellos fueron formalizados el 10 de septiembre por el cargo de "ocupación ilegal de oficina pública" por parte de la jueza Luz Arancibia, quien otorgó cuatro meses de plazo para la investigación del fiscal Cristian Crisosto
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