Dirigentes de familias indígenas buscan solución a conflicto suscitado por la inundación de un cementerio ancestral en Quepuca Ralco a raíz del llenado del embalse de la central Ralco en el Alto Bíobío. Piden el desentierro de sus antepasados.
Bajo el lago que dio lugar a la represa Ralco, en el Alto Bío Bío, están los restos de los antepasados de 25 familias de la comunidad Quepuca Ralco. Hay dolor en ellas por lo ocurrido. Y también enojo e impotencia. Responsabilizan a la transnacional Endesa, pero también al gobierno. Dicen que hubo negligencia por parte de los organismos estatales encargados de fiscalizar a la empresa y de paso acusan que ésta “sigue violando los derechos de los pehuenches”.
La voz de la presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, María Curriao, suena fuerte cuando habla de la exigencia de las familias: “Queremos el desentierro de nuestros antepasados”, dice en forma insistente.
Hace tres meses, gracias a gestiones de la diputada socialista, Clemira Pacheco, a quien pidieron ayuda pese a no representar a su distrito, pudieron reunirse con autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Planificación, Clarisa Hardy.
Se buscaba la intermediación del gobierno con Endesa para que ésta se allanara a estudiar el tema y buscar soluciones. La respuesta de la empresa fue entregada por el gobernador de Bío Bío, Esteban Krausse, en una nueva reunión que se efectuó en Concepción, este viernes 16.
Según lo que declaró María Curriao, lo que les dijeron no los dejó para nada satisfechos. “La reunión fue bien discutida”, dijo.
“Nosotros estamos peleando el desentierro de nuestros seres que quedaron bajo el agua, pero lamentablemente se está haciendo oídos sordos por parte del gobierno, no querían escucharnos que nosotros somos los afectados directos, estuvieron tratando con personas ajenas a nosotros”. Y más dura aún fue al añadir que “el gobierno ha querido ocultar información. Hay un documento que ofrece el desentierro de nuestros muertos que ahora se quiere desconocer”, acusó.
Por eso, después de una larga discusión, se logró acordar un punto que tanto Gabriel Vergara, representante legal de las familias afectadas como María Curriao, habían planteado desde el principio: contar con un informe que indique si es posible o no el desentierro. Y si esto se puede hacer, qué costo tendría y qué implicaría.
Hubo un compromiso en tal sentido de las autoridades participante en la reunión, entre ellas el gobernador Esteban Krausse, la seremi de Mideplan, María Luz Gajardo y el director regional de Conadi, Jaime Painemal.
Una vez que ese informe esté listo, se convocará a una nueva reunión para decidir los pasos siguientes.
Pero María Curriao no cree mucho. Dice que las familias no le creen al gobierno y ella tampoco. “Pensamos que es responsabilidad del gobierno lo ocurrido, porque la Conadi inscribió un cementerio a nombre de la comunidad para poder desenterrar, algo que no se hizo. Vine por cumplir porque creí que se iba a insistir en lo que fueron a proponer sin el consentimiento de las familias y eso nos molesta”.
Pero están dispuestos a esperar el resultado del informe técnico y según eso decidir. No obstante, ya hay algo que tienen claro: con o sin desentierro, quieren una indemnización. Y ella puede venir de parte de Endesa o del gobierno.
La diputada Clemira Pacheco, garante de este encuentro, tuvo una opinión bastante crítica de la actuación de los organismos del Estado en este caso: “No ha habido un cumplimiento de lo acordado en el marco de la institucionalidad del Estado, hay una responsabilidad compartida, aquí hubo una negligencia del Estado, del gobierno de responder en su momento. El gobierno no lo hizo y Endesa inundó y ahora nos enfrentamos con este problema que es de responsabilidad compartida”.
Por lo mismo, dijo compartir plenamente la solicitud de las familias pehuenches. “Esperamos que el gobierno asuma su responsabilidad y pueda compensar a estas familias que llevan años luchando”.
En todo caso, hay un mecanismo que los pehuenches están estudiando y al que piensan recurrir si sienten que en Chile se les cierran las puertas. Y eso es una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo adelantó María Curriao: “Vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros estábamos dentro del acuerdo con las hermanas Quintreman que ahora se desconoce. Todavía Endesa sigue violando los derechos de los pehuenches, pero se quiere ignorar lo que pasa en el Alto Bío Bío, seguimos siendo atropellados e ignorados tanto por Endesa como por el gobierno, este tema no debería estar hablándose ahora si las cosas se hubiesen hecho bien”, sentenció la dirigente.
A la espera del resultado del informe solicitado, María y Gabriel retornaron al Alto Bíobío para informar a las familias afectadas y aguardar lo que vendrá más adelante.
Por Tribuna del BíoBío
Concepción, 16 de marzo de 2007.-
La voz de la presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, María Curriao, suena fuerte cuando habla de la exigencia de las familias: “Queremos el desentierro de nuestros antepasados”, dice en forma insistente.
Hace tres meses, gracias a gestiones de la diputada socialista, Clemira Pacheco, a quien pidieron ayuda pese a no representar a su distrito, pudieron reunirse con autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Planificación, Clarisa Hardy.
Se buscaba la intermediación del gobierno con Endesa para que ésta se allanara a estudiar el tema y buscar soluciones. La respuesta de la empresa fue entregada por el gobernador de Bío Bío, Esteban Krausse, en una nueva reunión que se efectuó en Concepción, este viernes 16.
Según lo que declaró María Curriao, lo que les dijeron no los dejó para nada satisfechos. “La reunión fue bien discutida”, dijo.
“Nosotros estamos peleando el desentierro de nuestros seres que quedaron bajo el agua, pero lamentablemente se está haciendo oídos sordos por parte del gobierno, no querían escucharnos que nosotros somos los afectados directos, estuvieron tratando con personas ajenas a nosotros”. Y más dura aún fue al añadir que “el gobierno ha querido ocultar información. Hay un documento que ofrece el desentierro de nuestros muertos que ahora se quiere desconocer”, acusó.
Por eso, después de una larga discusión, se logró acordar un punto que tanto Gabriel Vergara, representante legal de las familias afectadas como María Curriao, habían planteado desde el principio: contar con un informe que indique si es posible o no el desentierro. Y si esto se puede hacer, qué costo tendría y qué implicaría.
Hubo un compromiso en tal sentido de las autoridades participante en la reunión, entre ellas el gobernador Esteban Krausse, la seremi de Mideplan, María Luz Gajardo y el director regional de Conadi, Jaime Painemal.
Una vez que ese informe esté listo, se convocará a una nueva reunión para decidir los pasos siguientes.
Pero María Curriao no cree mucho. Dice que las familias no le creen al gobierno y ella tampoco. “Pensamos que es responsabilidad del gobierno lo ocurrido, porque la Conadi inscribió un cementerio a nombre de la comunidad para poder desenterrar, algo que no se hizo. Vine por cumplir porque creí que se iba a insistir en lo que fueron a proponer sin el consentimiento de las familias y eso nos molesta”.
Pero están dispuestos a esperar el resultado del informe técnico y según eso decidir. No obstante, ya hay algo que tienen claro: con o sin desentierro, quieren una indemnización. Y ella puede venir de parte de Endesa o del gobierno.
La diputada Clemira Pacheco, garante de este encuentro, tuvo una opinión bastante crítica de la actuación de los organismos del Estado en este caso: “No ha habido un cumplimiento de lo acordado en el marco de la institucionalidad del Estado, hay una responsabilidad compartida, aquí hubo una negligencia del Estado, del gobierno de responder en su momento. El gobierno no lo hizo y Endesa inundó y ahora nos enfrentamos con este problema que es de responsabilidad compartida”.
Por lo mismo, dijo compartir plenamente la solicitud de las familias pehuenches. “Esperamos que el gobierno asuma su responsabilidad y pueda compensar a estas familias que llevan años luchando”.
En todo caso, hay un mecanismo que los pehuenches están estudiando y al que piensan recurrir si sienten que en Chile se les cierran las puertas. Y eso es una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo adelantó María Curriao: “Vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros estábamos dentro del acuerdo con las hermanas Quintreman que ahora se desconoce. Todavía Endesa sigue violando los derechos de los pehuenches, pero se quiere ignorar lo que pasa en el Alto Bío Bío, seguimos siendo atropellados e ignorados tanto por Endesa como por el gobierno, este tema no debería estar hablándose ahora si las cosas se hubiesen hecho bien”, sentenció la dirigente.
A la espera del resultado del informe solicitado, María y Gabriel retornaron al Alto Bíobío para informar a las familias afectadas y aguardar lo que vendrá más adelante.
Por Tribuna del BíoBío
Concepción, 16 de marzo de 2007.-
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El email actual de Kalbun Comunicaciones es kalbun1@hotmail.com
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