Reveladores antecedentes que involucra a empresas de seguridad de las entidades forestales demuestran señales de montajes tendiente a incriminar a personas y comunidades Mapuche. La escalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001. Casos de Yumbel en la VIII Región al desnudo.
Fuente: Argentina Indymedia – Pueblos Originarios
Nota e imágenes de prensa de la época
http://argentina.indymedia.org/news/2006/11/463200.php
Organizaciones en este último tiempo, han venido señalando que desde hace varios años existen antecedentes que podrían demostrar que personas Mapuche acusadas de ataques incendiarios en contra de plantaciones e instalaciones de empresas forestales podrían ser inocentes y que se tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales.
El incremento de movilizaciones Mapuche por recuperar predios en manos de las forestales y de cuestionar la expansión de esta industria desde 1997, hasta una escalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del movimiento mapuche.
A continuación algunos casos señalados:
Caso Yumbel y empresa de seguridad Santa Ana (Servicios de seguridad a Mininco, Celco, Arauco y Bio Bio)
El senador Alejandro Navarro (P.S) , en su visita a la ciudad de Temuco a fines de agosto del presente año, en el marco de una interposición de denuncia ante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos de carabineros, en la comuna de Nueva Imperial, aprovechó de expresar ante algunos medios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestales que, en el marco del conflicto mapuche se provocan auto-atentados en sus predios.
“Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción en procesos seguidos en el Juzgado de Yumbel, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, por peritos judiciales, de que son autoatentados, hechos por los guardias forestales’, dijo Navarro a Radio Cooperativa (31 de agosto 2006).
Si bien, causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada a conocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes, esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado de Yumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría un Informe pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001, de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, que investigaba incendios forestales en diversos fundos de la VIII región (LasTejas, El Manzanito, Llanos de Charrúa, Unihue)
Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. Rut., 77.386.030-0, dedicada al rubro de la vigilancia privada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocar diversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar los contratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia.
Un relato textual de este informe señalaría: “Se determinó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda.. que cumple funciones de vigilancia predial, en los diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO, BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores de vigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607 (…) Ley de Vigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa la que es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absoluta irresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta, lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de las empresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vez una grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentro de las empresas forestales. Por lo que además se determinó que la empresa Forestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal, actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado por algunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delito de incendio)”.
El Informe lo suscribiría Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción, en la fecha indicada.
A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo Gherardelli Maurer, en el “Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos”, a requerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L).
Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunos parlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita para que se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algo pasó que detuvo toda gestión al respecto.
Cabe mencionar que, la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, dejó de existir en octubre de 2001, a meses del Informe. La Institución dispuso que las Unidades operativas del sector tomaran el asunto. El Departamento Forestal y Ecológico de Carabineros OS-5 en Santiago tomó este tema.
El año 2001 es el año del Informe pericial, y el año del cese de la Sección Forestal y Ecológica de Concepción.
A nivel “País” existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque). Pero el Alto Mando suprimió todas. Las unidades del sector absorvieron la labor de la sección forestal. La Sección capacitó a Unidades Operativas para que informaran temas.
Paradójicamente, la Corporación de la madera (CORMA) cambió recién de presidente , saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando nuevamente al directorio, Fernando Leniz, empresario, latifundista (con predios en conflicto con comunidades), ex Ministro de la dictadura de Pinochet. En el “cambio de mando”, el primero, advirtió que el recrudecimiento de la violencia los coloca "en alerta frente a actos irracionales de unos pocos desquiciados", y apuntó a la importancia de actitudes y señales del Gobierno. "Nos preocupan particularmente aquellos anuncios que apuntan a despenalizar como delito terrorista los ataques a la propiedad", dijo. Léniz, en tanto, recalcó el efecto que tiene para los empresarios el hecho de que Celco (forestal del grupo Angelini) no pueda realizar mediciones para un estudio ambiental para el ducto al mar de la planta Valdivia por la oposición de grupos de pescadores de la zona de Mehuín. (economía y negocios, diario el mercurio, 15 de noviembre 2006)
El caso de Leonardo Espinoza y el incendio de Rucañanco (Collipulli)
Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal, Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladores antecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresas forestales ante los conflictos Mapuches.
El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narra graves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, su madre Leticia Fonseca, entregó estos antecedentes a la justicia, en los que se revelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otros actos vandálicos.
Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñó como brigadista forestal, relataba a la prensa lo siguiente (Diario Austral de Temuco, 06 de enero del 2000): ...."Después que provocamos a los Mapuches, para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigado demasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeran enfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades que cometían los Mapuches-".... "... Los guardias de la empresa de seguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales, provocaban la mayoría de los conflictos"... "En algunas oportunidades provocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacos con arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para que el agua desbordara e inundara sus siembras".... .... "En las noches, cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (**Ceremonias religiosas**) o reuniones, brigadistas cortaban los Rehues (**símbolo religioso**), hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa"...
Por otro lado, dichos actos, según se afirmó, eran comportamientos para mantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad, pero, sin lugar a dudas, la responsabilidad de la propia empresa forestal es inminente, por cuanto ellos eran quienes sostenían a este tipo de funcionarios externos y por otro, es imposible que situaciones como estas evadan el control y fiscalización de cualquier empresa, en especial de este tipo con sus millones y millones de dólares de ganancias y que no hayan hecho nada para corregirlo, no deja de ser extraño, por decir lo menos.
Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco de Forestal Mininco, ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente de Relaciones Públicas de la propia empresa, Rodrigo Hermosilla, acusó directamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y ex vocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf.
Dicho "atentado", fue uno de los principales motivos para que el Gobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado el 10 de agosto de dicho año, generando la designación del Ministro en Visita, Sr. Julio Cesar Grandón. Todas estas diligencias, acarrearon como consecuencia la militarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución y las injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Las denuncias por auto atentados nunca fueron investigadas, por el contrario, siempre se acallaron.
El diputado Eugenio Tuma (PPD, distrito 51), fue uno de los que promovió estas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a las empresas sino a sus “grupos de seguridad”, señalando al mismo medio el 6 de enero del 2000: “No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hecho de estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actos vandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches. Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral”, aseveró el parlamentario, esto último, por cuanto que se captaban los funcionarios de seguridad como brigadistas y no por guardias para burlar los controles..
Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco
Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire. Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente el día 26 de agosto de 1999: "La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa"…. "Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales"… "… Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches". Cifuentes involucraba a funcionarios de la empresa Forestal Mininco.
Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propios Ancalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismo medio “Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba o donde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me di cuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estaba perjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dinero que me ofrecieron.”. Pedro Cifuentes habría sido contactado para este plan por un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de la empresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para que acusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos, apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.
Otros casos
Los relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia de auto atentados a la prensa radial de Temuco (Bio Bio) que investigó y recopiló antecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputado por la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaron sin investigar.
Las empresas Forestales blanco de las denuncias.
La empresa Forestal que involucran en denuncias por auto-atentados a través de sus “cuadros” de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco, que integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin embargo, con las denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal Arauco y Celco, del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini (Holding Copec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini.
Imputaciones a Mapuches y aplicaciones de Leyes especiales y represivas.
Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil (hoy premiado como integrante del tribunal constitucional) , para el gobierno (Ricardo Lagos), el 2004 seria el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento mapuche (El Mercurio, 22/08/2004).
Al respecto, como se ha venido denunciando, existen personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados.
Cabe mencionar, que cuatro ex huelguistas Mapuche, vinculados a acusaciones de ataques incendiarios “terroristas” a plantaciones, quienes habían estado semanas en huelga de hambre, habían logrado con sectores oficialistas un principio de acuerdo a cambio de deponer este medio de protesta a cambio de la aprobación de un proyecto de Ley que permitiera su libertad condicional (proyecto Ley Navarro). Sin embargo, parlamentarios de la misma Concertación, principalmente de la DC, entre ellos Sabag, Pizarro y Ruiz Esquide (DC), quienes se habían comprometido de manera escrita el 10 de mayo del 2006 a votar favorablemente la ley sobre la libertad de los Presos Políticos Mapuche, sin embargo, los mismos, incluida la senadora Alvear que mantenía un compromiso verbal, se negaron a apoyar la iniciativa legislativa y votaron simplemente en contra.
Es sabido el estrecho vínculo que tiene el magnate Anacleto Angelini con sectores de la democracia cristiana, entre otros.
Estas situaciones como el sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, se expresan en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros y dirigentes Mapuche a encarcelamientos, y ante su evidencia probatoria, ha sido recogida por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch, entre otros. Asimismo, la situación de vulneración de los derechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, en su visita a Chile en el 2003, quien sintetizó esta política estatal como una criminalización de la reclamaciones indígenas. Similar posición adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas quien en noviembre pasado 2004, se manifestó preocupado por la falta de reconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación de leyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuche.
